L a queja que la Comisión Europea tiene ya sobre la mesa llega con una abultada documentación a su disposición, toda la reunida por la Coordinadora Anti-coke a lo largo de años. Plantea que en la ampliación de la refinería hubo infracción de la legislación europea y agrega que «no se ha hecho ninguna evaluación de los riesgos para la salud, ni se ha tenido en cuenta el principio de precaución». La actividad de la planta llega a Europa coincidiendo con un accidente en la refinería que encendió las alarmas a finales de julio, cuando las chimeneas comenzaron a lanzar llamaradas y columnas de un denso humo negro. Fue, según fuentes de la empresa, un «fallo eléctrico» y no representó «ningún riesgo para la salud».

Para quienes viven próximos a la refinería, lo importante no es en sí la descripción de lo que ha pasado, sino conocer exactamente qué llevaban esas columnas de humo negro y qué representa ese «fallo», que tampoco ha generado respuesta por parte de las instituciones ante su posible repercusión para la salud. Frente a la versión oficial, la coordinadora considera que «es muy llamativo» que la refinería tuviera que parar. «Las antorchas son medidas de seguridad para que no estalle», apuntan, y agregan que si el problema fue un fallo eléctrico, «prueba la vulnerabilidad de la planta». De lo que no tienen duda es de que «las emisiones tuvieron que ser importantes», pero insisten en que los sistemas de registro no son garantía de control real sobre todo lo que sale al aire.

«Tendría que cambiar el Gobierno»

Tal y como subrayan, «ellos (Petronor) no son personal indicado para decir si hay peligro o no para la salud, tendría que ser el Gobierno Vasco, los departamentos de Salud, y esos no dicen nada o van muy despacio».

Remarcan desde la plataforma que el de Petronor es «el problema ambiental más gordo que tenemos en la CAV» y destacan que se ha luchado «a todos los niveles», se han recorrido «todos los caminos judiciales, desde las primeras alegaciones hasta el Supremo» y no se ha podido ganar, «no porque no tuviéramos razón sino porque las sentencias están amañadas». Se detienen en el pronunciamiento del Supremo, «el magistrado ponente había aceptado todas las argumentaciones que llevábamos, a última hora cambian el ponente y perdemos».

A juicio de la Coordinadora, todo el sistema demuestra estar preparado para proteger la actividad de la planta y no la salud de las personas y la legislación ambiental. Apuntan un dato «inimaginable» en cualquier otro caso: la planta no tiene autorización de Costas.

En el mismo sentido, EH Bildu de Trapagaran denunció que «los gobernantes de la zona hacen la vista gorda ante los problemas que genera la planta y priorizan el beneficio empresarial», al tiempo que recordó las alabanzas de dirigentes jeltzales a Petronor como «la vaca que más leche da de Bizkaia». Frente a ello, pidieron abrir el debate sobre para quién representa beneficio Petronor y qué industria necesita Meatzaldea.

En la Cámara de Gasteiz, la coalición soberanista ha reclamado insistentemente una mesa de coordinación que haga seguimiento de la actividad con presencia de las distintas administraciones pero también de vecinos y agentes del movimiento ecologista. El parlamentario Dani Maeztu recuerda que una de las últimas proposiciones no de ley aprobadas va en este sentido, pero no alberga demasiadas esperanzas. Según señala, la de Petronor es «seguramente» la actividad más contaminante del país, atendiendo a sus emisiones y al ruido, y en cada comparecencia de la consejera Ana Oregi, el mensaje ha sido situar a Petronor como «motor de Bizkaia», algo «muy triste» en boca de una consejera de Medio Ambiente.