Anda el cabeza de lista de Araba del PP (llamarle candidato a lehendakari al aspirante del quinto y quizá último grupo del Parlamento me parece un exceso) ocupado estos días con cuestiones relativas al buen uso del dinero público. Lo mismo se erige en paladín de los más necesitados –denunciando la «brecha social» que se abre porque «la solidaridad no se distribuye igual para todos»– que se pone firme con Rita Barberá –avisándole tras su imputación de que o toma «la decisión adecuada» y deprisa que ya está tardando o que de lo contrario ya la tomará el partido por ella–. Visto así, hasta podrían dar ganas de votarle.

Ocurre, sin embargo, que siempre conviene leer la letra pequeña para no dejarse engañar por las apariencias. Y tampoco está nunca de más analizar si quien predica lo hace también con el ejemplo.

¿De qué habla Alfonso Alonso cuando dice que la solidaridad no está bien distribuida? De que hay mucho inmigrante cobrando la RGI. Es así de sencillo. Es el mensaje de Javier Maroto que antes de las municipales tomó forma de plataforma ciudadana, que en vísperas del 26J llevó el propio PP como proyecto de ley al Parlamento y que ahora, como estaba previsto, vuelve a aparecer como elemento de agitación electoral.

¿Que el sistema de la RGI es mejorable? Por supuesto. Pero lo primero que debería explicar el PP es que la actual ley la aprobaron ellos de la mano del PSE, así que son copartícipes de todos sus errores. ¿Que hay fraude? Menos del que se supone y además está siendo perseguido. Cada vez que sale la noticia de una detención por estafa en la RGI no se demuestra que el fraude sea abundante, sino que ya se le está intentando poner coto.

Pero lo más grave es que bastaba leer el texto de la supuesta iniciativa popular (que ni sus impulsores fueron capaces de detallar porque no la habían escrito ellos) o la versión algo corregida que meses después llevó el PP directamente a debate de Pleno, para ver que allí no había ni medidas contra el fraude ni mejoras para el funcionamiento de Lanbide. La propuesta de los de Alfonso Alonso se ciñe a endurecer las condiciones de acceso a la RGI fijándose, sobre todo, en los inmigrantes. No hay más. Ni menos, que no es poco.

En cuanto a lo de señalarle la puerta a Rita Barberá, podría verse como modélico, sobre todo si se olvidara que según Hacienda y la Policía la sede del partido que él preside está pagada con dinero negro. Especialmente alarmante resulta que las remesas que Bárcenas les hacía llegar para ir amortizando la hipoteca de 1,2 millones de euros del edificio de Bilbo, procedían de donativos anónimos recolectados con la justificación de costear las necesidades de seguridad de los cargos del PP ante la amenaza de ETA. La documentación oficial que hay en la Audiencia Nacional también saca a la luz que, además, al menos un empresario de la construcción (Emilio Álvarez López) colaboró a financiar la compra de la sede mientras luego su empresa (Grupo Bruesa, Construcciones Bruesa) se beneficiaba de adjudicaciones de obra pública de administraciones controladas por el PP.

Y hablando de la confusión entre el dinero público y los favores privados, a cualquier gasteiztarra le viene a la cabeza que el ahora candidato Alfonso Alonso, y su próximo sustituto en el Congreso, Javier Maroto, quitaron al Ayuntamiento de Gasteiz 443.270 euros para pagárselos de más al empresario Gonzalo Antón. Lo dice también en papel timbrado oficial el Tribunal de Cuentas, que condenó al equipo de gobierno municipal que dirigía Alonso a que devolviera ese dinero.

Estando como estamos en vísperas de elegir parlamentarios, hay que tener en cuenta que sobre algunos, como el propio Alfonso Alonso, recae esa acusación del Tribunal de Cuentas de haber lesionado las arcas públicas, lo que no es una buena tarjeta de presentación para tratar de acceder a ningún cargo que tenga alguna responsabilidad sobre el uso del dinero del contribuyente.

Lo que todavía nadie ha aclarado es el porqué del empeño de Alonso y Maroto en pagar casi medio millón de más a un empresario. ¿Quién y qué ganaba con ello? A lo mejor fue la aportación que el entonces alcalde, luego ministro y ahora candidato a parlamentario hizo para evitar que el empresario Gonzalo Antón no cayera en la «brecha social» que está creando la mala distribución de la solidaridad en el pago de la RGI. Quizá.