El conflicto provocado por las diferentes maniobras para evitar pagar el subsidio de excarcelación a expresos y expresas políticas vascas llevó ayer ante los tribunales a la directora del SEPE en Bizkaia. Se trata de la persona que firmó cuatro resoluciones denegatorias de esta ayuda, después de que el Tribunal Constitucional validara el derecho de estas personas a recibirla (son algo más de 400 euros mensuales durante un tope de año y medio).

LAB la ha denunciado por «prevaricación», dada la evidencia de que adoptó esas resoluciones después de que el Tribunal Constitucional corrigiera la artimaña, introducida por PP y UPyD como pataleta por la anulación de la «doctrina Parot».

En el Juzgado de Bilbo, la directora argumentó que se limitó a seguir instrucciones dictadas desde la direccion estatal del servicio. Tanto en su declaración judicial como en algún medio hay alusiones a un informe jurídico, desconocido hasta la fecha, que intentaría puentear el claro criterio del Tribunal Constitucional.

En el caso de que la denuncia siguiera adelante y la directora resultara condenada, una de las consecuencias sería su inhabilitación para el cargo. La de ayer era únicamente una declaración previa, pero la citación confirma que el Juzgado advierte indicios suficientes de «prevaricación». Y también parece apreciarlos el propio SEPE (Servicio Público de Empleo), que tras la denuncia de LAB ha cambiado de actitud y ha autorizado este subsidio antes denegado.

A la entrada del Juzgado de Bilbo, la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, instó al Gobierno del PP a dejar de «vulnerar su propia ley» con este tipo de trampas.

En referencia concreta al SEPE de Bizkaia, censuró que «siguió denegando este subsidio cuando el Constitucional declaró ilegal el decreto del Gobierno del PP, y siguió denegándolo sabiendo que esto iba contra la ley y perjudicaba gravemente a un derecho básico». Acto seguido, Etxaide amplió el foco para recordar que este tipo de maniobras son el pan de cada día contra los presos y expresos vascos, porque «hay una ley de excepción que tiene como objetivo utilizarlos con objetivos políticos en contra del camino que tiene que hacer Euskal Herria».

«El Gobierno del PP nos está demostrando que cuando tiene que definir la política penitenciaria, esa ley de excepción se le queda pequeña y muchas veces no solo vulnera el derecho y las normas internacionales, sino también su propia ley», añadió Ainhoa Etxaide.

La denuncia fue interpuesta por LAB el pasado 1 de diciembre, tras constatarse que medio año después de la resolución del Constitucional continuaba actuándose igual que antes. Ya desde la introducción de esta trampa, partidos como el PSOE habían alertado de que probablemente sería inconstitucional.