Ésta será la primera querella que se presentará a nivel estatal en la que se solicita investigar los crímenes contra la humanidad cometidos en una ciudad durante el franquismo, tal y como han explicado en rueda de prensa el alcalde de Iruñea, Joseba Asiron, que ha comparecido junto al director de la Oficina de Información sobre Memoria Histórica de la represión franquista en Iruñea, Emilio Majuelo, y la abogada, Lourdes Etxeberria.

La calificación jurídica de los hechos denunciados tiene en cuenta tanto la norma estatal como la internacional. Esto es, tipificación de genocidio o crimen de lesa humanidad conforme a las normas internacionales e imposición de pena conforme al Código Penal interno que tipifica y sanciona el delito correspondiente, que puede ser asesinato, detención ilegal, desaparición forzada, lesiones, torturas o agresión sexual. Dicha integración de la norma internacional en el ámbito interno, según se ha explicado en la rueda de prensa, está legitimada y amparada en lo dispuesto por el artículo 96 de la Constitución.

Los hechos objeto de denuncia mediante esta querella nunca han sido investigados penalmente por los tribunales de justicia del Estado español, «algo que resulta absolutamente impropio de un Estado de Derecho y que le sitúa en una clara posición de ilicitud internacional, de acuerdo a lo declarado en multitud de informes y resoluciones de diferentes mecanismos de las Naciones Unidas». Además, constituyen crímenes internacionales «tal y como está expresamente contemplado en el artículo 5 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma) de 17 de julio de 1998, ratificado por España el 19 de octubre de 2000 y que entró en vigor el 1 de julio de 2002. A esta normativa se unen los principios de Nüremberg de 1945 aprobados en el Congreso de Londres de ese año».

Por tanto, se está «ante violaciones punibles de Derechos Humanos, actos cometidos por agentes del Estado que lesionan una norma de protección de un Derecho Humano y están recogidos como crímenes en las normas de Derecho Internacional, tanto de carácter convencional como consuetudinario».

Obligación de los estados de garantizar los derechos humanos
Según ha explicado Lourdes Etxeberria, del despacho Arankoa, encargado de llevar el proceso, a partir de todo ello se puede formular el principio de «interdicción de la impunidad», la obligación de todos los estados de remover todos los obstáculos fácticos y jurídicos que impidan la investigación, enjuiciamiento y, en su caso, condena de las violaciones masivas, sistemáticas, planificadas y generalizadas de Derechos Humanos.

Son numerosas las resoluciones y acuerdos de las Naciones Unidas que establecen la obligación internacional del Estado de perseguir penalmente los crímenes internacionales cometidos en su territorio. A título de ejemplo se pueden citar los Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad, aprobados el 3 de diciembre de 1973 mediante Resolución 3074 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

309 personas muertas y 1.014 encarceladas
La querella se basa en el informe pericial encargado por el Ayuntamiento de Iruñea a la UPNA sobre la vulneración de derechos humanos durante la Guerra del 36 y el franquismo en Iruñea, informe que se elaboró durante casi seis meses en los locales de la Oficina de la Memoria Histórica habilitados en la calle Mercaderes 11 en la que se han recogido testimonio y documentación.

Las conclusiones de ese informe, dadas a conocer en octubre del año pasado, confirmaron que  309 iruindarras fueron muertos durante el franquismo por razones políticas, en la mayoría de los casos, sin juicio previo ni sentencia firme. En total, se tiene constancia de que fueron represaliadas y objeto de vulneración de derechos humanos 1.310 personas en la ciudad, cifra que supone una primera aproximación ya que existen otros 451 casos sobre los que se tiene noticia pero aún no se han podido validar y cientos más que, según el equipo de investigación de la UPNA, saldrán a la luz a raíz de la realización de este trabajo.

El informe además de muertes, desplazamientos y encierros (que en conjunto suman un 85,58% de los casos comprobados), contabilizaba también testimonios sobre agresiones de género, represión económica y laboral, represión lingüística y cultural y tortura y agresiones físicas.

Impulsora de las querellas a nivel estatal
El Ayuntamiento de Pamplona organizó en octubre del año pasado una jornada para impulsar las querellas contra los crímenes del franquismo a la que acudieron representantes municipales de los consistorios de Barcelona, Madrid, Zaragoza, A Coruña, Gazteiz, Cádiz y Rivas. En ella se constituyó la Red de Ciudades por la Justicia y la Memoria. Esta red fue presentada el mes pasado en Madrid dentro del acto ‘Ciudades por la justicia y la memoria’, un encuentro organizado por CEAQUA (Coordinadora Estatal en Apoyo a la Querella Argentina).

En una decisión tomada durante el encuentro de municipios de octubre, y para compartir su experiencia, el Consistorio de Iruñea ha creado una unidad de Red para que todos los ayuntamientos asociados puedan compartir información, documentos y metodología de trabajo, de cara a la presentación de querellas criminales. La red está abierta a la adhesión de otros pueblos y ciudades y no se basa «en afán de revancha alguna, sino en la exigencia humana de Verdad, Justicia y Reparación, algo reclamado durante mucho tiempo por la ciudadanía a la que nos debemos».