El convenio firmado en 2016, con vigencia para un año, incidía especialmente en la detección de los supuestos de vulnerabilidad causados por el lanzamiento de la vivienda familiar. En concreto, se establecía que el CGPJ comunicará al Gobierno los casos en que una persona se pueda encontrar en situación de exclusión social debido a un desahucio sobre una vivienda en propiedad o sobre una vivienda alquilada.

A partir de entonces, el Ejecutivo y la FNMC activarán sus programas de protección, centrados especialmente en concesión de ayudas de emergencia, mediación en materia de vivienda (con entidades financieras, en caso de vivienda en propiedad, o con la propiedad, en caso de vivienda el alquiler), y acceso a arrendamientos en viviendas del Fondo foral de vivienda social, de la bolsa de alquiler o de viviendas protegidas.