Representantes de este colectivo han llevado a cabo una concentración en el Boulevard de Donostia para dar a conocer y denunciar el caso de Enara, una madre de cuatro hijos menores de edad que ha conseguido «in extremis» un alquiler social de la sociedad pública municipal Etxegintza.

Han asegurado que ha sido la «presión social» la que ha logrado que esta familia tenga una «solución habitacional estable» después de verse obligada a abandonar el piso en el que vivía en el barrio de Intxaurrondo, con un «riesgo inminente de quedarse en la calle» debido al precio de los arrendamientos.

Enara y su familia cobran la RGI máxima y la prestación complementaria de vivienda, con lo que ingresan en total 1.165 euros, de los cuales 650 euros iban destinados al alquiler.

«Estaban al corriente del pago y la relación con la propietaria era buena, pero esta necesita la vivienda para ocuparla ella misma», con lo que concedió a los inquilinos un plazo de dos meses para dejar el piso, han relatado.

La mujer decidió entonces «llamar a todas las puertas» y recurrir a Stop Desahucios ante la imposibilidad de arrendar un piso en condiciones. Han logrado que Etxegintza haya puesto a disposición de Enara y sus cuatro hijos una vivienda, que podrá ocupar el próximo día 15.

Los representantes de Stop Desahucios han asegurado que este caso demuestra que el Gobierno de Lakua convierte la Ley de Vivienda «en papel mojado», ya que esta familia tenía reconocido el derecho a una vivienda de alquiler social desde enero de 2016 y su situación «no cambió en nada».

Esta plataforma ha denunciado la «burbuja de alquiler» que existe en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, que «ha disparado en un 32% en el último año el número de desahucios en este tipo de viviendas».

Según sus datos, el alquiler medio en la CAV es un 44,5% más elevado que la media del Estado español, lo que provoca que miles de familias no puedan hacer frente al pago de un alquiler .

Representantes políticos de EH Bildu, Podemos, Irabazi y Ezker Anitza han secundado la concentración.