Las detenciones producidas en Lapurdi este fin de semana en el marco del G7 han descubierto una situación excepcional; algunos de los más de cien arrestados han sido expulsados directamente en la frontera por un procedimiento de excepción que les imponía una prohibición de estancia temporal en el Estado francés y que ni siquiera se les había comunicado. Ello, obviamente, dejaba en evidencia la existencia de una «lista negra».

EH Bildu ha llevado el tema a la Diputación Permanente del Congreso que se ha reunido hoy. Antes de su inicio, la diputada Mertxe Aizpurua ha explicado que han tenido constancia de que en esa lista aparecen 500 personas, «vascas todas o en su gran mayoría», y a las que se calificaría como «un peligro para el Estado francés», por lo que ha reclamado explicaciones.

Más allá de este punto concreto, Aizpurua se ha preguntado bajo qué argumentos se ha articulado ese monumental dispositivo policial, que ha conllevado poner «alfombra roja» al G7 y provocado una evidente «persecución de derechos».

En su visita a Irun antes de la cumbre, el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, cifró en 1.878 el número de agentes de la Guardia Civil en ese despliegue y en 932 el de efectivos de la Policía española. Fueron bastantes más todavía (4.000) los desplegados por la Ertzaintza, aunque ese ámbito queda necesariamente fuera de la interpelación de EH Bildu al no ser fuerzas que dependan del Gobierno español.

EH Bildu también ha llevado a esta Diputación Permanente el tema del Open Arms, para censurar al Ejecutivo que intente impedir a través de multas su labor de salvar vidas.