La crisis política tiene hondas raíces, que se remontan a la década de 1980, cuando aterriza el neoliberalismo en Ecuador empobreciendo a un pueblo que se estaba convirtiendo en sujeto colectivo, creciendo en el subsuelo de la sociedad neocolonial.

La historia corta se remonta a 1986, cuando las principales organizaciones de los pueblos originarios crean la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), completando un ciclo de articulaciones regionales, entre quichuas de la sierra andina, pueblos amazónicos y de la costa. A diferencia de las organizaciones campesinas y sindicales, en las que estaban subsumidos hasta entonces los indígenas, no se demanda reforma agraria sino que aparecen conceptos nuevos como territorios y nacionalidades.

Desde sus primeros pasos, la CONAIE muestra una cultura política distinta, incluyendo el uso de nuevas tácticas de acción directa, como el bloqueo de carreteras, la toma de sedes gubernamentales y de ciudades enteras, a través de levantamientos que paralizan el país.

En su programa aparece una lista de 16 demandas que a comienzos de la década de 1990 sorprendieron al país: plurinacionalidad, títulos de tierras a las nacionalidades, soluciones para el agua y el riego de las comunidades, expulsión del instituto lingüístico de verano (útil de penetración cultural de EEUU), legalización de la medicina indígena y educación bilingüe, entre las más significativas.

La defensa y el fortalecimiento de la identidad y de la cultura indígena son innegociables para la CONAIE, que tiene sus baluartes en las provincias serranas del sur, como Cotopaxi y Chimborazo. La articulación de cientos de comunidades le ha permitido convertirse, ya en los 90, en el principal movimiento y en referente de todos los que rechazan el neoliberalismo.

El Inti Raymi o Fiesta del Sol

El 28 de mayo de 1990 comenzó el primer levantamiento indígena en el marco de las fiestas del Inti Raymi o Fiesta del Sol. Durante semanas tomaron iglesias, marcharon por las carreteras, interrumpieron las vías, cerraron mercados, ocuparon haciendas y enjuiciaron a los terratenientes. El país se paralizó como nunca antes, impactado por la fuerza material y simbólica de pueblos cuyos nombres los ecuatorianos no acertaban siquiera a pronunciar.

Una década después, el fundador de la CONAIE, Luis Macas, destaca que con el levantamiento «el movimiento indígena, se ha convertido en un sujeto social y político», que alteró «las raíces mismas de la estructura de poder colonial y clasista». Ese cambio se resume, según Macas, «en el reconocimiento de la propuesta de constituir un Estado Plurinacional, de la diversidad étnico-nacional del Ecuador como un reconocimiento previo para construir la democracia».

En pocos años, consiguieron que los pueblos indígenas fueran reconocidos como naciones y se incorporaran los derechos colectivos a la Constitución.

Sin embargo, el aspecto crucial que explica los pasos siguientes es la fuerte autoestima que adquiere el movimiento. «Hemos sido testigos de la confrontación directa con el Estado en la que somos el único sector organizado que ha interpretado y catalizado las demandas de la mayoría del pueblo ecuatoriano», escribe Macas. Tienen la convicción de que ejerce el liderazgo del conjunto de los trabajadores y de los pueblos del Ecuador, erigiéndose en interlocutor colectivo frente al Estado.

Para participar en las elecciones crearon el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, en 1995, donde confluyó la Coordinadora de Movimientos Sociales, entre otros sectores. La alianza consiguió una importante representación que oscila en el 20% de los sufragios, que le permitió obtener diputados, prefectos y alcaldes.

La crisis de 2000

En la década de 1990 la CONAIE participó activamente en las movilizaciones que provocaron la destitucción del presidente Abdalá Bucaram en febrero de 1997, por «incapacidad mental para gobernar», según decisión del Congreso.

El pico de la movilización se consiguió entre finales de 1999 y enero de 2000, en contra de la dolarización del país en el marco de una brutal crisis bancaria. Todo el país estuvo atravesado por una potente organización indígena-popular enfilada hacia el poder y anclada en la construcción de contrapoderes, que denominaron parlamentos populares en varias provincias.

Un Parlamento del Pueblo integrado por 330 representantes indígenas y de la sociedad civil se instaló en Quito (epicentro siempre de las acciones colectivas), para elaborar un plan de gobierno alternativo al presidente Jamil Mahuad. «Nadie cree en la democracia que vivimos, debemos rescatar la participación civil desde abajo para refundar la democracia ecuatoriana robada por los partidos políticos de derecha y los banqueros inescrupulosos», dijo el dirigente Miguel Lluco, evidenciando que los pueblos originarios querían reconstruir la nación bajo sus propios criterios.

El Parlamento del Pueblo se instaló en medio de los preparativos insurreccionales, con la participación de empresarios y profesionales, además de obreros, vendedores e indígenas que fueron su columna vertebral. El proyecto consistía en la instauración de una nueva forma de administración dirigida por una junta de gobierno, un consejo de Estado, un parlamento nacional y parlamentos provinciales.

El 22 de enero tomaron el Congreso durante unas horas, en alianza insólita con las fuerzas armadas, que fue seguramente el mayor error estratégico de la CONAIE. Al día siguiente dieron marcha atrás, ante la decisión del Ejército de recorrer el camino de la sucesión institucional del presidente.

Ni Correa ni Moreno

Aún hubo un tercer derrocamiento popular. En abril de 2005 un levantamiento urbano conocido como «rebelión de los forajidos», forzó al coronel a escapar por los techos del Palacio de Carondelet para huir en helicóptero. Las protestas fueron violentas y se llegó a incendiar el Ministerio de Bienestar Social.

El movimiento que echó abajo tres presidentes en apenas una década, fue en gran media respuesta a la crisis estructural en la que se debatía Ecuador, ya que los gobiernos intentaban aplicar ajustes que los indígenas y los sectores populares rechazaban enérgicamente. La particularidad ecuatoriana fue el carácter destituyente de los movimientos ante gobiernos corruptos y antipopulares.

Bajo el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) los pueblos indígenas enfocaron sus resistencias contra las concesiones mineras, petroleras, madereras e hidroeléctricas. Los conflictos fueron duros, ya que Correa se amparó en el amplio respaldo que tuvo en sus primeros años para intentar desarticular las resistencias a su «revolución ciudadana» de corte extractivista.

El presidente arremetió con innecesaria violencia verbal y en ocasiones, como en agosto de 2015, con una de las oleadas represivas más fuertes que se recuerdan. El debilitamiento de la CONAIE favoreció a la derecha, que tuvo las manos libres para operar con el sucesor de Correa, Lenín Moreno.

En la crisis en curso, los movimientos parecen actualizar una cultura política insurreccional y muestran su independencia política al enarbolar consignas como «Ni Correa ni Moreno».

Esa cultura política nacida en la década de 1990, ha cuajado una impresionante autoestima, como lo muestra la actitud de retener policías, militares e infiltrados en las manifestaciones. En el acto en que «devolvieron» a los uniformados, el presidente de la CONAIE Jaime Vargas, explicaba: «Ya no somos esos indígenas que nos maltrataron y nos tenían de esclavos. Hoy somos capaces, educados y con toda la capacidad de administrar este país».

El levantamiento actual tiene otra peculiaridad, anclada en el recambio generacional, como explica el periodista Decio Machado: «Con el inicio de las actuales jornadas de lucha, nuevos dirigentes sustituyeron a líderes históricos que se encontraban políticamente agotados». Surge una CONAIE más fuerte y combativa, con que deberán lidiar los sucesores de Lenín Moreno.