Un estudio sobre la violencia hacia niñas, niños y adolescentes en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, realizado por la Fundación EDE para el departamento de Empleo y Políticas Sociales de Lakua, analiza la complejidad de la violencia hacia menores y considera que lo más importante en su análisis es «una correcta detección» de los casos.
La viceconsejera de Políticas Sociales, Lide Amilibia, Ainara Canto responsable de investigación de EDE Fundazioa y Rosa Lizarraga, psicóloga y psicoterapeuta infantil de Agintzari, han presentado esta mañana en Lakua los datos del Estudio y el instrumento que «permitirá detectar sospechas» de abuso sexual hacia menores. «No existen indicadores conductuales específicos y únicos de abuso sexual. Los indicadores siempre nos dicen que la niña, niño o adolescente presenta alguna dificultad y pueden orientarnos a cerca de cuál puede ser. Los indicadores de un tipo de maltrato no son específicos y pueden presentarse en diversas formas de maltrato o pueden estar relacionados con otra problemática», ha explicado Amilibia.
Para responder a ello, se han seleccionado los 50 indicadores más útiles, agrupados por sus características específicas, físicos inespecíficos, comportamentales de la niña o el niño, comportamentales en la adolescencia, y conductuales e inespecíficos de su persona cuidadora. «En su utilización no deja huella ni de quien utiliza la herramienta, ni tampoco de la niña, niño o adolescente sobre el que se realiza la consulta en la web, ya que no se registran datos de identificación personal», ha destacado la viceconsejera.
Según el informe, a final del pasado año había, en acogimiento residencial, cerca de 800 menores en los centros de Araba, Bizkai y Gipuzkoa. En 2017 cerca de 1.150 menores de 18 años fueron atendidos en los puntos de encuentro familiar, una cifra casi un 8% mayor a la de dos años antes. Se estima que una de cada cinco personas ha sufrido algún tipo de violencia sexual durante su infancia y se calcula que menos del 10% de los casos de violencia contra niños y niñas se notifica durante la infancia o adolescencia, es decir, cuando se produce la violencia.
En torno a uno de cada cinco alumnos y alumnas de entre 4º de Educación Primaria y 4º de ESO afirma haber sufrido a menudo algún tipo de maltrato entre iguales en la escuela, una tasa que ha crecido en los últimos años. Un 13% del alumnado de Educación Primaria ha sufrido algún tipo de ciberbullying por parte de sus iguales durante el último año. Un 32% de las y los escolares que cursan ESO afirma haber sido testigo de casos de exclusión de algunas y algunos compañeros por su orientación sexual o el hecho de ser chico o chica en el ámbito escolar. Además, según el informe, «la discapacidad es un importante factor de riesgo de sufrir violencia».
Agilizar procedimientos
El estudio recomienda «la agilización de los procedimientos y ganar en rapidez de respuesta, cuidando la intervención precoz y garantizando un adecuado nivel de personalización de los itinerarios en todas las intervenciones y una mayor adecuación de algunos recursos a sus necesidades específicas». Asimismo, sugiere asegurar la «continuidad en la atención, una mayor integralidad en la atención mediante una apuesta, refuerzo e impulso de un modelo de trabajo en red, una mayor integralidad en la atención mediante una apuesta, refuerzo e impulso de un modelo de trabajo en red, mayor integralidad en la atención mediante una apuesta, refuerzo e impulso de un modelo de trabajo en red, y un enfoque de género que respete la diversidad afectivo-sexual y la multiculturalidad en la intervención».
El estudio realizado por la Fundación EDE combina distintas técnicas metodológicas para recoger información tanto cuantitativa como cualitativa de fuentes primarias y secundarias. EDE ofrece un enfoque multidimensional (el análisis no se limita a determinadas formas de violencia más visibles, sino que trata de mostrar todas ellas) y participativo que considera a los diferentes agentes sociales implicados copartícipes de la reflexión (han participado 53 personas de 34 entidades públicas y privadas del ámbito de servicios sociales, judicial, policial, sanitario y educativo).