El magistrado ha optado finalmente por elevar exposición al Tribunal Supremo al no poder él imputarle en relación a esta causa por tratarse de un aforado. La exposición del juez incluye también a la ex responsable de los servicios jurídicos de Podemos y vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo, y a los letrados de esta formación Marta Flor Nuñez y Rául Carballedo, así como a la propia Dina Bouselhan y a su pareja Ricardo Dasaferreira, estos dos últimos por falso testimonio.

El magistrado considera que Iglesias usó de forma «fraudulenta» este proceso para «intentar lograr algún tipo de ventaja electoral ante los comicios de abril de 2019».

El juez califica de «consciente y planificada actuación falsaria desplegada por Iglesias con su personación, fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales».

El magistrado relata que bajo las instrucciones dadas por Iglesias, y con el beneplácito de la dirección de la asesoría jurídica de Podemos, presentaron la desaparición del teléfono de Dina «como un encargo realizado por el Gobierno del PP al ex comisario Villarejo, para publicar en el digital OK Diario, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos».

Según el juez, Iglesias recibió del presidente del Grupo Zeta Antonio Asensio, el 20 de enero de 2016, la tarjeta de memoria original procedente del teléfono de Bousselham, en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo.

«Pese a ello se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas (ella había sido su asesora) y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de Dina desde noviembre de 2015», explica el juez en otro auto en el que decide propone juzgar al resto de imputados, sobre los que sí tiene competencia.

Se trata del ex comisario José Manuel Villarejo, el ex director de la revista Interviu, Alberto Pozas, y el periodista Luis Rendueles, a los que se investiga en la Audiencia Nacional por descubrimiento y revelación de secretos.

Podemos ha asegurado «no dar crédito» ante la decisión de García Castellón cuando la Sala de lo Penal le había pedido que devolviera la condición de perjudicado al secretario general del partido.