El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el PP contra la ley catalana que regulan los precios de las viviendas de alquiler en determinadas zonas. El recurso fue redactado por el despacho de Albert Rivera, al que recurrió el PP para impugnar la ley 11/20, aprobada por el Parlament.

El texto legislativo obliga a congelar o bajar el precio de los alquileres en las zonas con tensión residencial de 60 municipios con más de 20.000 habitantes, aunque queda exentos los arrendadores «vulnerables», considerando como tales a los que ingresen menos de 2.000 euros mensuales.

La vicepresidenta del TC Encarnación Roca será la ponente de la sentencia tras la admisión del recurso, que no supone la suspensión de la ley al ser presentado por 50 diputados y no por el Gobierno español.

Según el bufete Martínez-Echevarría & Rivera Abogados, la ley contraviene preceptos legales fundamentales recogidos en la Constitución, e interviene el mercado, «coartando la libertad de propietarios e inquilinos para fijar los precios de las rentas de alquiler».