La Sala del Tribunal Supremo español que condenó a los enjuiciados en el procés ha solicitado al Tribunal de Cuentas un informe sobre «los procedimientos de responsabilidad contable» que los presos catalanes tienen en tramitación en relación con los «gastos ocasionados» en el referéndum sobre la independencia. Esta cantidad se considera en la sentencia «malversación de dinero público» al considerar que se destinaron fondos públicos a una actuación que no correspondía a las instituciones.  

Este requerimiento fue solicitado por la Abogacía del Estado, un órgano dependiente del Gobierno español en relación al expediente que se sigue por las peticiones de indulto a dichos condenados, para incorporarlo al mismo. En principio, para obstaculizarlo.

En concreto, la Sala II del Supremo, a través de un oficio, pide informe a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas sobre las actuaciones previas u otros procedimientos de exigencia de responsabilidad contable que estén en tramitación con motivo de estos gastos, con remisión de testimonio de las actas de liquidaciones provisionales.

4,1 millones de euros

En particular la del 28 de enero de 2020, para acreditar si se ha procedido al depósito o afianzamiento de la cantidad de 4,1 millones de euros que se exige a los condenados.

La Abogacía del Estado pidió al Supremo que en su decisión sobre los indultos a los condenados por el proceso soberanista catalán tenga en cuenta «el dinero malversado» y si han resarcido al Estado el daño causado.

La Abogacía solicitaba así al Supremo que incorpore al expediente de indulto la documentación que obra en el expediente que tiene el Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable de los condenados.

El Tribunal Supremo no determinó en la causa que siguió contra los doce dirigentes del procés la cuantía económica de la «malversación», tan solo la situó ampliamente por encima de los 250.000 euros que marcan el tipo agravado.

Corresponde fijar el importe y exigir las responsabilidades contables a los condenados por malversación al Tribunal de Cuentas, que aún tiene el expediente abierto.