Los enfrentamientos que se viven en Colombia se han recrudecido en las últimas horas, con el presidente, Iván Duque, ordenando el despliegue del Ejército y la Policía en Cali, en una de cuyas entradas, una marcha indígena, conocida popularmente como minga, ha sido tiroteada, con un saldo de al menos diez heridos. La ONU ha condenado ese ataque.

«En función de las facultades constitucionales que tengo como presidente de la República para acompañar y dirigir las situaciones de orden público local, deben en este momento ustedes garantizar (...) el mayor despliegue que se tenga de capacidades de nuestra fuerza pública», ha anunciado Duque en un mensaje dirigido a la delegación de Gobierno que se encuentra en Cali, la tercera ciudad más importante del país. El presidente ha afirmado que ha realizado ese llamamiento «para brindar toda la tranquilidad en la ciudad de Cali».

Minutos después, el expresidente Uribe, en un mensaje en sus redes sociales, ha asegurado que «confiamos en el inmediato ocupamiento militar de Cali, confiamos en la acción eficaz y sostenida de nuestros soldados en el marco de la Constitución y los derechos humanos para proteger a la ciudadanía de Cali».

Estas declaraciones se han producido a escasas horas de que Duque se reúna con el Comité Nacional del Paro, integrado por sindicatos y organizaciones sociales que fueron los que convocaron las protestas del 28 de abril contra la ya retirada reforma fiscal que continúan hasta hoy.

A la reunión  también está invitada una delegación de la ONU y de la Conferencia Episcopal, según ha señalado el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.

Tiroteada una marcha indígena

Precisamente la ONU ha condenado a través de sus redes sociales el ataque sufrido por una protesta indígena. Hombres armados en vehículos de alta gama han abierto fuego contra la minga (marcha) indígena, cuando esta entraba en Cali, a la altura de la zona de Cañas Gordas, hiriendo a diez miembros de la guardia indígena.

Según ha informado el Consejo Regional Indígena del Cauca, la marcha, compuesta por varias camionetas, ha sido atacada «por una turba uribista en conjunto con fuerza pública», que pretendían quitar el bloqueo en esa zona de Cañas Gordas.

El ataque ha sido condenado por la ONU a través de un mensaje en Twitter en el que señala que «nos unimos al rechazo por los ataque sufridos por la minga indígena en Cali y expresamos nuestra grave preocupación. Urgimos para que se investigue y sanciones el ataque que deja por los menos ocho indígenas heridos, entre ellos varias mujeres».

A pesar de lo sucedido, la población indígena ha inundado la ciudad de Cali para unirse a los manifestantes y la guardia indígena patrulla por los barrios para evitar situaciones de desorden público o mediar en los enfrentamientos con la Policía.

El presidente ha reiterado el mensaje que pronunció dos horas después del incidente de pedir a los indígenas que vuelvan a sus territorios «para evitar confrontaciones» con la población.

«En este momento y dadas las circunstancias de orden público es necesario que retornen a sus resguardos, toda vez que la situación de alteración del orden público puede suscitar en este momento confrontaciones con la ciudadanía», ha insistido el mandatario, quien por otra parte no se pronunció sobre el hecho de que haya civiles armados en las calles.

Duque también ha pedido a las autoridades locales que impongan restricciones a la movilidad para evitar «confrontaciones con la ciudadanía».

Las movilizaciones comenzaron en contra de la ya retirada reforma tributaria del Gobierno de Duque, pero continúan contra un intento de reformar la salud, la brutalidad policial y la compleja situación de inseguridad.

En Cali es donde se han vivido los hechos más violentos, sobre todo entre el 30 de abril y el 3 de mayo, con episodios de brutalidad policial contra los manifestantes que han dejado 35 muertos, según organizaciones sociales.