El Parlamento de Gasteiz votó ayer en contra de mostrar «su compromiso con el cumplimiento íntegro del ordenamiento jurídico vigente y en este caso concreto con la Ley 39/1981, de 28 de octubre», que regula el uso de la bandera española.

Es más que probable que en este momento este ejercicio de insumisión explícita de la Cámara autonómica pase desapercibido entre las batallitas partidistas. Pero vuelvan, por favor, a leer la literalidad de lo que ayer se rechazó institucionalmente. Se admiten apuestas a que si esto hubiera ocurrido durante el mandato de Juan José Ibarretxe, su nuevo estatus y su consulta, o se diera hoy en Catalunya, para ahora el Tribunal Supremo y hasta el Constitucional estarían afilando autos de prohibición bajo amenaza de cárcel.

Como a los jueces españoles les gusta ser puntillosos y selectivos en este tema –se evidenció en su día con la causa por la no suspensión del grupo Sozialista Abertzaleak y mas recientemente con decisiones de la Mesa del Parlament– y a riesgo de ser tildado de acusica, hay que precisar que votaron en contra PNV y EH Bildu (70% de la Cámara). A favor, el extraño trío de PSE, PP-Cs y Vox. Elkarrekin Podemos-IU, se abstuvo.

Una decisión antisistema de este tipo era previsible en EH Bildu, pero no tanto en el PNV. Entre quienes votaron «no» a comprometerse con cumplir la ley estuvieron el lehendakari, Iñigo Urkullu, «representante ordinario del Estado en la CAV», y su vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka. Ambos, además, jefes máximos de la Ertzaintza.

Movimiento raro del PSE

El debate lo llevó a la Cámara la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, con la exigencia de que el Gobierno de Lakua use la rojigualda en todos sus actos oficiales. Pese al acuerdo alcanzado en su día por PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos de no entrar a los trapos de la ultraderecha, el PSE no solo se animó a debatir con el partido de Abascal, sino que presentó una enmienda a la totalidad.

Fue un movimiento raro. Por un lado, volvía a romper el consenso de no hacer el caldo gordo a la extrema derecha. Al entrar en el debate, su portavoz, Eneko Andueza, pudo ironizar sobre el carácter franquista de Vox, pero a cambio se comió las acusaciones de Amaia Martínez de votar ahora en contra del mismo texto que apoyaron hace unos años en el mismo parlamento.

Pero la presentación de una enmienda tan genérica por parte del PSE, objetivamente pone en un aprieto al Parlamento de Gasteiz en caso de que alguien decida llevar esa votación a los tribunales. Repito que ¡votaron en contra de comprometerse «con el cumplimiento íntegro del ordenamiento jurídico vigente»! Textual. Con el añadido de «y en este caso concreto con la Ley 39/1981, de 28 de octubre», la de las banderas, que no es fácil predecir de si a la postre se leería como u agravante o un eximente. En todo caso este acuerdo muy bien podría ser considerado como un acto insurreccional. ¿Quieren ejemplos?

Vox proponía «instar al Gobierno Vasco a usar la bandera de España en todos sus actos y eventos oficiales cumpliendo así con la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas».

La literalidad de ese texto era toreable ante los jueces alegando que la ley no obliga al Ejecutivo autonómico a usar la bandera de España en «todos sus actos y eventos oficiales». De hecho, en contra de esto votaron abiertamente también PSE y EP-IU.

Pero la enmienda del PSE, que es difícil explicar para qué fue presentada, puede ser utilizada de forma torticera y Vox ya avisó ayer, con un tono amenazante que hasta Eneko Andueza entendió, de que si en seis meses Lakua no cumplía sus peticiones, acudirá a los tribunales. ¡Pues imagínense ahora que el Parlamento ha rechazado cumplir todo el marco legal!