El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha afirmado este domingo que no descarta convocar una huelga general el próximo otoño ante las «amenazas de recortes de derechos laborales» que se advierten. En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Lakuntza ha criticado, además, el trato que reciben por parte del Gobierno de Lakua y la desatención a sus propuestas.

La hipótesis de una huelga general ya fue expuesta el Primero de Mayo por la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, indicando que «el momento la pide». Se mostró dispuesta a empezar a buscar consensos en ese camino, en un contexto de crisis económica y social que ha agudizado la pandemia. Con todo, cabe recordar que antes de su estallido desde la mayoría sindical vasca ya se vaticinaba una «primavera roja» como continuación de la huelga general que tuvo lugar el 30 de enero de ese 2020 en defensa del empleo y las pensiones. El confinamiento la quebró abruptamente.

En el contexto actual, ante la posibilidad de que en otoño se incrementen las movilizaciones laborales, Lakuntza ha considerado este domingo que se dan «amenazas de recortes de derechos». Y aquí ha apuntado que «la huelga siempre sirve y la huelga general es un instrumento de activación social como pocos y hay que estar atentos a lo que pueda venir porque va a tocar responder».

Para Urkullu, «problema de orden público»

Tras afirmar que les gustaría que la relación con el Gobierno de Lakua fuera otra, Mitxel Lakuntza ha considerado que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu entiende que «los derechos sindicales son un problema». «Para el Gobierno Vasco, el derecho a la huelga no existe y entiende los conflictos laborales como un problema de orden público, lo que es inadmisible», ha criticado.

A su juicio, el Ejecutivo «concibe el hecho sindical de manera muy autoritaria» y ha lamentado que el lehendakari «ni siquiera quiera reunirse» con ELA para tratar cuestiones como la fiscalidad. «Le pedimos hace dos meses y nos respondió que la fiscalidad no es de su competencia», ha indicado, para añadir que «es una tragedia lo que está pasando con la pérdida de industria y la actividad económica».

Asimismo, ha sostenido que a muchos de los consejeros del Ejecutivo «les molesta que ELA haga política», pero la central sindical «no va a dejar el monopolio de la política solo a los que están en las instituciones».

«Planteamos debates que incomodan al Gobierno como la fiscalidad. Tres de cuatro euros que recaudan en impuestos directos se hace vía salarios de los trabajadores. Las grandes empresas pagan entre poco y nada y nosotros planteamos esos debates», ha añadido.

Por otro lado, ha dicho estar preocupado por la acción de «la izquierda de este país, con EH Bildu y Elkarrekin Podemos», ya que ELA cree que hay debates que «no se plantean con la intensidad y energía necesaria». A su entender, es «una broma» que EH Bildu defienda como algo positivo lo que ocurre con la fiscalidad navarra, cuando ésta «es la misma que dejó Yolanda Barcina».

Acto en Madrid

Además, ha anunciado que este próximo martes ELA, junto a la Confederación Intersindical Gallega y la Confederación Sindical Catalana, realizarán un acto en Madrid a las puertas del Ministerio de Trabajo y Economía Social para que se deroguen las reformas laborales de 2010, 2011 y 2012.

«Pasa el tiempo y cada día que pasa las empresas pueden despedir más fácilmente. Es una urgencia», ha afirmado, al tiempo que ha denunciado que la ministra Yolanda Díaz no quiera recibirles.

En este contexto, ha advertido que el actual Ejecutivo estatal no ha sido capaz de cumplir su programa para derogar la reforma laboral mientras se anuncia una reforma de pensiones que significará «pensiones más bajas jubilaciones más tardías».

«Todo está muy unido a los fondos europeos. La Comisión Europea está constituida mayoritariamente por partidos de derechas que dicen que hay dinero público que se va a poner para que las multinacionales hagan negocio y todos contribuyamos. Y eso se hace condicionado a las reformas» ha añadido.

Por otro lado, se ha cuestionado «dónde estaríamos» si no se hubieran aplicado los ERTEs, aunque ha lamentado que todas las decisiones provengan «de Madrid».

Respecto a los trabajadores temporales de la administración pública vasca, ha asegurado que hay más de 60.000 personas a las que no se les da una solución y es «una tomadura de pelo que se planteen OPEs muy por debajo de las necesidades planteadas».

Además, ha mostrado su preocupación por la pérdida del peso industrial en Euskal Herria en favor del sector servicios, y ha denunciado «el abandono de empresas públicas para hacer negocio». «No ha habido una defensa del arraigo de esas empresas. Tenemos una situación muy preocupante», ha añadido.