A lo largo del proceso judicial ha quedado «acreditado» que el Banco Santander mantenía a los demandantes «de forma indebida»  como morosos en la lista que figura en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE), a pesar de que en 2010 habían alcanzado un acuerdo con el Banco Pastor (adquirido por el Popular y posteriormente por el Santander) mediante el que su deuda quedó «saldada», según ha informado el bufete Vallverdú Abogados, que defendía a estos clientes, por medio de un comunicado.

Este acuerdo especificaba también que la entidad había renunciado a emprender cualquier tipo de reclamación pero, a pesar de ello, el Banco Santander les reclamó un importe de 221.568,94 euros «en forma de deuda».

La resolución de la Audiencia recalca ahora, según el citado bufete, que «en modo alguno está justificado el mantenimiento de los datos de los demandantes en los términos recogidos en el fichero de riesgos, debiendo haber procedido la entidad bancaria a su corrección eliminando la asociación entre mora del crédito y garantía del mismo por parte de los demandantes».

La sentencia entiende de este modo que «ha existido una intromisión ilegítima en el derecho al honor» de los demandantes a los que la entidad bancaria deberá indemnizar con 9.000 euros.