Tras el incendio ocurrido el 19 de setiembre en el Centro de Retención Administrativa (CRA) de Hendaia, abogados que asisten a personas migrantes presentaron varias demandas.

En la audiencia celebrada este lunes en el Tribunal Administrativo de Pau se ha analizado concretamente la petición de cierre temporal «hasta que finalicen los trabajos de reparación en el centro y se pueda garantizar la seguridad tanto de los internos como del personal».

La sesión judicial, que ha transmitido en directo vía Twitter el Colectivo por el Derecho de los Extranjeros-Solidaridad Migrantes (CRDE) de Biarno, ha permitido conocer detalles clarificadores sobre cómo se gestionó el grave incidente ocurrido en el CRA situado en las cercanías de la muga entre Hendaia e Irun.

Así, de boca de la letrada Mikele Dumaz Zamora se ha desgranado ante el tribunal un completo informe sobre las fallas en la seguridad, empezando por el hecho de que «no sonó la alarma antiincendios».

Cabe recordar que el fuego se propagó desde una de las habitaciones, y que obligó a hospitalizar a una persona por inhalación de humos, y a evacuar a otras 23 personas retenidas en ese momento en el CRA.

Dumaz Zamora ha detallado ante el tribunal que ese informe, con fecha de 23 de setiembre, constata que «el fuego provocó una situación de contaminación en las superficies y en la atmósfera de los locales que implica riesgos de salud para internos y personal».

Los expertos abogaban en su informe por «una descontaminación completa y una purga del sistema de ventilación», recomendando una obra integral.

El capítulo que más ha sorprendido de su intervención ha sido el referente a las fallas en el sistema de prevención de incendios.

No solo no sonó la alarma, sino que el dispositivo contra el fuego ni estaba securizado ni se extendía a otras partes de la instalación, como las puertas de salida, según ha puesto de manifiesto la letrada de Pau.

«La puerta de salida al patio está bloqueada por una viga que separa esta puerta del exterior», ha recordado Zamora, recurriendo de nuevo al contenido del informe.

Ha pedido por ello que se clausure el establecimiento «al menos hasta que se conozca el resultado de la comisión de seguridad». Cabe recordar que una juez de Pau lanzaba, la semana pasada, por decisión propia, una investigación sobre el grave incidente, objeto también de análisis por la Fiscalía de Baiona.

«Instrumentalización de un lamentable accidente»

Con documentos aportados en el último momento ante el tribunal, el representante del CRA ha asegurado que «el problema en la puerta se ha resuelto ya» y ha garantizado que las obras de reparación tras el incendio están muy avanzadas y concluirán «para el 1 de octubre».

El representante del CRA se ha quejado durante la vista de «la instrumentalización que se ha realizado de un lamentable suceso», en relación a las demandas registradas ante el tribunal y ante la Prefectura por el grupo de abogados.

Esa demanda ante el prefecto Eriz Spitz se centra en exigir que se garantice el protocolo sanitario, y en esa cuestión se ha detenido en la vista de hoy el abogado Francisco Sanchez-Rodríguez.

El letrado y colaborador de La Cimade ha constatado la deficiente gestión de la crisis sanitaria en el CRA y la no aplicación del protocolo de marzo de 2020. Ha exigido un protocolo sanitario reforzado y una mejora de la limpieza.

En la misma línea, M. Pather, en nombre de ADDE (Asociación por el Derecho de los Extranjeros), ha denunciado el régimen de aislamiento extremo que se aplica a las personas que esperan en los centros de retención a que se materialice su expulsión. Y ha hecho causa común, como el resto de demandantes, con la recomendación de cierre provisional de los CRA que avaló una institución gubernamental como es la CGLPL (controladuría general de personas privadas de libertad).

Evacuados a la zona de celdas de la comisaría

Volviendo a esa noche del 19 de setiembre «y al shock vivido por los internos» ha ahondado en la denuncia hecha por La Cimade en su comunicado de 22 de setiembre en el que la única asociación autorizada a intervenir en los centros de retención anunciaba su salida del CRA de Hendaia. Ha concretado que esas personas fueron llevadas a la zona de las celdas de la comisaría de Policía anexa al CRA, donde pasaron la noche hacinadas, con la «consiguiente quiebra de los derechos que rigen durante la retención».

Oídas las partes el tribunal se ha retirado a deliberar no sin antes anunciar que dará a conocer su decisión este martes, 28 de setiembre.