El anuncio del bono juvenil impulsado por el Gobierno español que tiene como finalidad ayudar a los jóvenes entre 18 y 35 años a pagar el alquiler, llega en el contexto de la nueva Ley de Vivienda y la negociación de los presupuestos generales del Estado español. Sin embargo, las instituciones vascas y navarras siguen sin saber si esta nueva ayuda para la emancipación juvenil será compatible con las que ya están en marcha tanto en la CAV como en Nafarroa.

El bono juvenil de Sánchez estaría dirigido a jóvenes de entre 18 a 35 años recién emancipados y con ingresos brutos anuales inferiores a 23.725 euros. Además, el presidente del Gobierno español ha añadido que los beneficiarios del bono juvenil podrán cobrarlo durante un periodo de dos años. Asimismo, en caso de familias vulnerables, se prevé que dicho bono se podrá completar con ayudas de hasta el 40% de su valor.

Con este nuevo incentivo para la emancipación, Moncloa pretende que la edad media de la emancipación en el Estado español baje de 29 años y medio a 26, igualando así la media europea.

Sin embargo, aún quedan varias incógnitas por resolver, dado que Sánchez no ha explicado la letra pequeña de la ayuda al pago del alquiler. Por ejemplo, no se sabe si en un piso compartido, en caso de que varios inquilinos cumplan con los requisitos, podrán solicitar la prestación individualmente o si se concederá un solo bono por piso.

Respecto a las comunidades autonómicas, afloran dudas similares. En el caso de la CAV, desde 2018 está vigente el programa ‘Gaztelagun’. Este programa, gestionado por Alokabide, ofrece ayudas de hasta 250 euros a jóvenes que cobran sueldos inferiores a 18.000 euros brutos anuales, pero todavía no se sabe si ser beneficiario de esa prestación será compatible con el bono juvenil de Sánchez.

A falta de concretarlo, desde ‘Gaztelagun’ advierten de que no creen que las dos ayudas puedan ser complementarias, dado que hasta la fecha el cobro de la ayuda de ‘Gaztelagun’ no ha sido compatible con ningún otro tipo de prestación económica.

En Nafarroa la situación es similar, ya que los jóvenes de este herrialde pueden optar al programa ‘Emanzipa’. Dicha ayuda también ofrece una bonificación mensual de hasta 250 euros para jóvenes con ingresos bajos que necesitan ayuda para pagar el alquiler.

Por lo tanto, existe la probabilidad que en Hego Euskal Herria, dado el solapamiento de las distintas ayudas, el nuevo bono de Sánchez acabe pasando totalmente desapercibido.

La nueva Ley de Vivienda

El bono juvenil es un extra que acompañará a la nueva Ley de Vivienda. La norma pretende estipular topes de precio en las viviendas cuyos arrendadores sean los llamados grandes propietarios: personas jurídicas con más de 10 inmuebles en su posesión.

Sin embargo, el 80% de los arrendadores en el Estado Español lo componen particulares. En el caso de los particulares, el precio del alquiler seguirá siendo el acordado por ambas partes. Para el descenso de los precios en estos casos, el Gobierno de Sánchez pretende instaurar incentivos fiscales para que los propietarios se animen a bajar los precios por voluntad propia.

Las ventajas fiscales consistirían en incrementar el porcentaje de bonificación en la declaración del IRPF. En este momento, los caseros tienen una bonificación del 60%. Lo cual significa que por cada 10 euros que declaran por los cobros de los alquileres, tan solo tributan 4. Con la nueva ley en marcha, la bonificación bajaría al 50%, pero podría subirse al 90% si el casero baja el precio del alquiler en un área tensionada —zona donde los precios del alquiler han crecido considerable en un periodo corto de tiempo y las familias tengan que destinar un 30% de su sueldo al pago del alquiler— un 5% en comparación con el contrato anterior.

Sin embargo, como las comunidades autónomas son las que tienen la competencia de la vivienda, han de ser las propias comunidades quienes soliciten la existencia de áreas tensionadas. Por lo tanto, esto deja en manos de las administraciones autonómicas la implementación en la práctica de la nueva ley de vivienda.

Críticas antes del arranque

Aun con las bonificaciones fiscales mencionadas anteriormente, se duda de la eficacia de la nueva ley. Ya que alertan de que a no ser que se pacte un precio máximo para el alquiler, sean inmuebles de personas físicas o de grandes arrendadores, los propietarios podrían incrementar los precios aprovechándose del nuevo bono joven que cobrarían sus inquilinos. Desde el Consejo de Juventud del Estado español (CJE), su vicepresidente socioeconómico y de comunicación Adrià Junyent califica que este aumento de los alquileres sería «perverso».

Es más, según el CJE, a finales del 2020 sólo un 15,8% de los jóvenes entre 16 y 19 años estaban independizados en el Estado español. Por lo tanto, este organismo considera que el bono de Sánchez es «un parche» y que lo que se necesitan son «medidas estructurales».

Además, el CJE cree que al igual que en el tema de los alquileres es imprescindible poner el foco en el fin de la precariedad laboral con «leyes concretas» que hagan frente al «uso exagerado del contrato de obra y servicio» a la vez que intenten abolir «las consecuencias de la reforma laboral del PP».

Interpelación directa a Lakua

Stop Desahucios, Alokairu Benta Berri e Inquilinos Azora han exigido al Gobierno de Lakua que declare la CAV como zona tensionada por la subida «abusiva» de los precios del alquiler, «sobretodo en las tres capitales, destacando Donostia y otros municipios en los que la mayoría de la ciudadanía con rentas medias y bajas no pueden acceder al mercado de alquiler ni al insuficiente parque de vivienda de alquiler social».

En un comunicado, las tres plataformas han denuniciado que, «incluso durante los estados de alarma los precios del tensionado mercado del alquiler en la CAV no han bajado como lo han hecho en otras grandes ciudades del estado, en una situación económica agravada por la pandemia, por la cual los ingresos de las familias se han deteriorado. Estas dedican más del 40% al pago del alquiler, sin contar otros gastos, una situación insostenible que origina el aumento de demandas de desahucio por impago de estos abusivos alquileres».

«Al igual que otras CCAA gobernadas por el PP se han manifestado ya en contra de solicitar que son zonas tensionadas y, por lo tanto, se niegan a regular los precios del alquiler, esperamos que el Gobierno Vasco del PNV-PSE realice cuanto antes esta solicitud, alineándose con CCAA como Canarias. Valencia o Baleares que sí lo han hecho», han apuntado tras recordar que el consejero Iñaki Arriola «apuesta exclusivamente por las medidas fiscales para regular los precios del alquiler desbocados en la CAV».