Al menos cinco manifestantes han muerto por los disparos y el lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de las fuerzas de seguridad sudanesas en una nueva y multitudinaria protesta nacional contra la junta militar golpista de Sudán, ha informado el Comité Central de Médicos sudanés.

Los activistas contra el golpe de Estado del 25 de octubre habían llamado a través de mensajes de texto a los sudaneses a manifestarse en masa para restablecer el Gobierno civil y evitar una nueva dictadura militar en el país tras el golpe de Estado del 25 de octubre, condenado por la comunidad internacional.

Las fuerzas de seguridad han disparado balas reales y han lanzado gases lacrimógenos contra decenas de miles de opositores que salieron a marchar en varias ciudades del país.

Según un balance comunicado por la tarde por el Comité Central de Médicos sudanés se contabilizan cinco opositores muertos y «varios heridos de bala» entre los manifestantes «por la brutalidad de las fuerzas militares».

Desde la mañana, soldados y paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) estaban desplegados en las calles de la capital, Jartum, bloqueando los puentes que unen la capital con sus suburbios y controlando las principales carreteras. Pero eso no ha impedido que varias marchas partieran de distintos barrios al grito de "No al poder militar" y "Abajo el Consejo".

«Reiteramos nuestro llamamiento a las organizaciones de derechos humanos y a toda la comunidad internacional para que presten atención a los crímenes de los golpistas y adopten medidas enérgicas para proteger el derecho de nuestro pueblo revolucionario a manifestarse pacíficamente y a tomar su poder completo y sin menoscabo», ha añadido la organización.

Desde el golpe de Estado, las protestas han dejado 20 muertos y más de 300 heridos, según los médicos. Además, cientos de opositores y de militantes han sido detenidos.

La situación se deteriora

Sudán fue escenario a mediados de setiembre de un intento de golpe de Estado, según denunciaron las autoridades de transición, a cargo de un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas supuestamente vinculados con el expresidente Omar al-Bashir, el anterior dictador derrocado en 2019 en una asonada tras meses de masivas manifestaciones en su contra.

Tras el golpe que derrocó a Al-Bashir, un acuerdo entre la junta militar, surgida tras el golpe de Estado de 2019, y diversas organizaciones civiles y formaciones políticas opositoras instauró la autoridad de transición. Ese Gobierno encabezado por Abdallah Hamdok inició una serie de reformas sociales y económicas y alcanzó un acuerdo de paz con grupos rebeldes de Darfur y otras zonas del país.

A mediados de setiembre el Gobierno de Abdallah Hamdok fue disuelto por un golpe militar encabezado por Abdelfatah al-Burhan. Tras una situación de interinidad, el jueves Al-Burhan emitió un decreto para crear un nuevo Consejo Soberano, máximo órgano del proceso de transición, con él mismo como presidente y del que han sido excluidos los representantes del bloque que pide el traspaso de poder a los civiles, después de haber disuelto todas las instituciones anteriores.  

Este Consejo se había creado tras la caída en 2019 del dictador Al-Bashir para supervisar la transición a la democracia, justamente bajo la Presidencia de Al-Burhan.

La troika sudanesa –formada por EEUU, Gran Bretaña y Noruega–, la Unión Europea y Suiza manifestaron inmediatamente su «profunda preocupación» por la formación del nuevo Consejo Soberano. Tacharon de «violación de la Declaración Constitucional» que fue redactada en 2019 entre entre civiles y militares tras el derrocamiento del Al-Bashir.

Consideran que este paso «complica los esfuerzos para volver a encarrilar la transición democrática de Sudán», según apuntaron en el comunicado.

Para Volker Perthes, emisario de Naciones Unidas en Sudán, «el nombramiento unilateral del Consejo Soberano por parte del general Al-Burhan hace mucho más difícil volver a los compromisos constitucionales». de 2019.