La maldición de los años impares. Es una especie de leyenda urbana que suele comentarse en el submundo político de Buenos Aires. Un mito con bastante asidero de realidad: al recuperarse la democracia en Argentina en 1983, eso hizo que todos los años impares haya elecciones generales y los pares no. Los impares suelen ser inestables y, a veces, con cambios de ciclo, y los pares, de sosiego político y decisiones de fondo.

El sistema argentino es presidencialista y emula el estadounidense con la renovación parlamentaria bianual. Cada año impar, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Cada cuatro, se elige presidente. La midterm suele ser un match electoral que funciona como un termómetro de la sociedad y su relación con la Casa Rosada. Son comicios que suelen ratificar o rectificar los rumbos del Ejecutivo.

Este año no es la excepción y arrastra sus propias peculiaridades. El presidente, Alberto Fernández, encabeza una coalición peronista de varias vertientes cuyo referente principal es su subordinada, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la figura más polarizante de la política argentina, con altísimos índices de rechazo pero a la vez un cuarto del electorado que la idolatra. Tras el mal resultado en las primarias de setiembre la tensión entre ambos se catapultó: hubo un enfrentamiento en el que la vicepresidenta exigió cambios de ministros a través de una carta pública al presidente, quien resistió unos días para hacerlos después.

Los cambios contentaron a medias: entregó la cabeza de su jefe de gabinete (una especie de primer ministro para el Ejecutivo argentino), pero lo llevó a Asuntos Exteriores. Su sustituto fue un desprestigiado gobernador del norte argentino, Juan Manzur, repudiado por colectivos feministas por su posición antiabortista y vaticanista. Tanto que su designación provocó la inmediata renuncia de la ministra de Mujeres y Género, quien lo había denunciado penalmente por impedir interrupciones de embarazos en su provincia a pesar de la ley aprobada el año pasado.

El dilema especial se da en el sector económico. El «cristinismo» duro está en contra de la moderación del ministro de Economía, quien lleva las negociaciones con el FMI para lograr una prórroga en los pagos y un recorte en los tipos. El presidente lo mantiene, por ahora.

Todas las encuestas indican que se repetirá con escaso margen de cambio el resultado de las primarias, en el que el Frente de Todos (marca electoral del Gobierno) perdió en 17 de las 24 provincias y, con sorpresa, pasó del 33% al 37% en la provincia de Buenos Aires, que concentra un tercio de la demografía argentina y cuya área metropolitana suele ser el bastión del peronismo.

Fuentes de la Casa Rosada señalaron a GARA que si bien admiten que a nivel estatal sufrirán otra derrota, esperan «achicar la diferencia en el conteo de votos nacional al menos 4 puntos». En setiembre, la diferencia fue 41% a 30% en favor de Juntos por el Cambio. Admiten que no hubo una «estrategia clara en la comunicación» durante la campaña y comienzan a circular rumores de que si la tendencia se repite o empeora, el lunes el presidente Fernández convocará «un gran acuerdo nacional” enviando un paquete de leyes económicas al Parlamento que incluya el diálogo con empresarios y sindicalistas.
    
El día después

Si en el peronismo hay fuertes divergencias internas, en la coalición ex-Cambiemos las cosas no van tan mal. Pese a todos los pronósticos, los hoy Juntos por el Cambio ya levan seis años de coalición sin riesgo de ruptura. Sin embargo, hay tensiones ideológicas entre un ala de halcones que pide fluir hacia posiciones más de derecha liberal radical y quienes prefieren girar al centro pensando en las presidenciales de 2023.

Esta disputa es porque Argentina no está exenta de la tendencia actual de polarización hacia la derecha populista. En su caso, a diferencia del vecino Brasil, la nueva formación es un ultraliberalismo antiestatal, aunque por suerte para los argentinos allí no cuaja el discurso ultracatólico, militarista y xenófobo del bolsonarismo.

Libertad Avanza arañó el millón de votos pero fue muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, con un 13%, y su impacto mediático influyó en el relato de la campaña. Por ello hubo contactos entre los halcones de Juntos con su líder, Javier Milei. Entre los que quieren radicalizar está el propio Macri y algunos de sus exministros, en tanto el actual alcalde de la capital, Horacio Rodríguez Larreta, un peronista de corte liberal y con aspiraciones  presidenciales, quiere un viaje al centro.

De lo que se hablará mañana es de los escaños. En la Cámara Baja es posible que el Gobierno se aleje de la mayoría con hasta los 12 diputados de diferencia, mientras que la gran expectación está en el Senado: renuevan 24 escaños y la oposición podría quedarse con 17 de ellos. Todos los ojos están puestos en la peculiar provincia de La Pampa: con más cabezas de ganado que votantes, el triunfo opositor allí fue muy ajustado y si el peronismo tuerce la suerte, la Casa Rosada podrá mantener el control.

El Senado es clave porque allí se definen los nombramientos de los jueces nacionales y del fuero federal y, más importante aún, tendrá que designar a un juez del Supremo (son cinco, y una acaba de renunciar).

La vicepresidenta tiene una treintena de causas penales por corrupción y malversación –lawfare, para el kirchnerismo; y justas, para la oposición–, cuya resolución va demasiado lenta. Los votos también dirimirán un poco esa partida hoy.