El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ha interrogado al Gobierno español después de que salieran a la luz las conversaciones entre el entonces director del CESID, Emilio Alonso Manglano, y el exministro de Interior Antoni Asunción, que señalaban a José Luis Corcuera como implicado en el envío en 1989 de cartas-bombas contra cargos de Herri Batasuna.

El diputado de la coalición soberanista preguntó si el Gobierno español conocía estas informaciones, si se va a desclasificar la información relativa a este caso y si, en definitiva, ha tomado o estima tomar medidas tras la publicación del diario ‘Abc’.

Además, Iñarritu preguntó al Ejecutivo de Sánchez acerca del número de casos de envío de cartas-bomba que hubo contra militantes de la izquierda abertzale, y consulta cuántos de ellos siguen sin esclarecer en vista de que la muerte del cartero José Antonio Cardosa Morales no fue un hecho aislado.

Durante aquellos meses de 1989, al menos otras dos bombas similares fueron remitidas al abogado Iñigo Iruin y a los concejales de HB en Azpeitia, y unos meses más tarde, una última al parlametario navarro Patxi Erdozain.

Las preguntas de Iñarritu se registraron el 5 de octubre y, más de un més después, en concreto el pasado jueves 11 de noviembre, llegaba la réplica del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En la respuesta a esa batería de preguntas del diputado de la coalición soberanista, el Gobierno español toma otro camino y ni siquiera nombra el apellido del exministro implicado. De hecho, ha recurrido a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regula las actuaciones judiciales relativas a cualquier proceso penal para no constestar.

El ejectuvo señala que, en arreglo al artículo 282 de la citada ley, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), como Policía Judicial, tienen la obligación  de «averiguar los delitos que se cometieren en su territorio, practicar las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito». En consecuencia, añade que «cualquier indicio de ilícito penal que es conocido por las FCSE es debidamente puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente».

Portazo a investigar el caso

No es la primera vez que EH Bildu pide investigar el caso, pero las nuevas informaciones sobre el envío de cartas-bomba apenas han provocado reacciones fuera del independentismo.

En octubre, la coalición soberanista exigió la comparecencia en el Congreso español de José Luis Corcuera y también del actual ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero la Mesa de Cámara tumbó la petición.

Por lo tanto, la última respuesta del Gobierno español deja entrever que Corcuera no rendirá cuentas por las cartas-bomba que, tal como confirman las grabaciones entre Manglano y Asunción, salieron de los aparatos del Estado español en su etapa como ministro.