La diputada del PP Ana Beltrán ha presentado en el Congreso una proposición no de ley en la que muestra una versión manipulada de los incidentes registrados en la procesión del 7 de julio en la calle Curia de Iruñea. Beltrán, que ha perdido protagonismo en el PP tras la marcha de Casado y que ya no dirigirá el partido en Nafarroa, reclama que se condenen «las agresiones» sufridas por el alcalde de Iruñea, Enrique Maya, y califica lo sucedido de «kale borroka». La realidad de los hechos se reduce a que Maya sufrió increpaciones en esta calle de Alde Zaharra.

De este modo, Beltrán reclama que se «condene sin paliativos la agresión sufrida por los concejales de Navarra Suma y del Partido Socialista de Navarra y, especialmente, por el alcalde, objetivo prioritario de los agresores» e insta al Gobierno español a «desarrollar todas las acciones necesarias para identificar y detener a todos los autores de los actos de kale borroka sufridos por el Alcalde de Pamplona, otros miembros de la corporación municipal y la policía local».

Junto a ello, reclama al Gobierno español «aumentar el control sobre los preparativos y ejecución de actos de violencia política de la izquierda abertzale para evitar que se reproduzcan» y de paso «excluir de los pactos y acuerdos políticos promovidos por el Ejecutivo a los partidos que no condenan explícitamente los crímenes de ETA e intentan legitimar su existencia».

Beltrán, en su exposición de motivos, equipara lo sucedido en la calle Curia con la «kale borroka», que enmarca en «una estrategia que pretende utilizar la violencia para imponer su ideología, expulsar del territorio a los que no piensan como ellos y lograr en la última instancia la independencia de ese territorio mediante la desestabilización del sistema democrático». 

«Los últimos actos de kale borroka en Pamplona se enmarcan dentro de un proceso para intentar imponer un relato tras el fin del terrorismo de ETA basado en un blanqueamiento de sus crímenes, así como del movimiento social y político que dio cobertura y apoyo a la banda asesina», añade Beltrán.

«Postverdad», en el otro lado

«Se quiere, mediante técnicas de manipulación social y propaganda creciente, imponer una postverdad consistente en que se habría logrado una especie de paz entre partes enfrentadas en un conflicto político violento, que habría tenido su origen en disputas ideológicas y territoriales. Lograrían con ello situar en un plano de igualdad tanto a los verdugos, como a las víctimas», insiste Beltrán.

«En esta estrategia de blanqueo es parte esencial el Gobierno que depende del apoyo de los partidos que nunca condenaron el terrorismo de ETA. Así lo acredita los pactos de gobierno en Navarra, las alianzas municipales y los acuerdos parlamentarios en el Congreso. Son parte del camino desarrollado por el PSOE desde que levantaron el veto a Bildu para convertirlo en un socio ‘respetable’ y ‘preferente’ del sanchismo. La izquierda abertzale está envalentonada por la tolerancia del Gobierno para con sus ataques a la convivencia democrática, entre los que se encuentran actos de odio y violencia política extremadamente graves como los acontecidos el día de San Fermín en Pamplona», concluye Beltrán.