El Gobierno británico ha presentado este martes un proyecto de ley contra la inmigración que prevé prohibir a quienes lleguen por el canal de La Mancha pedir asilo, asumiendo que la norma se encuentra en los límites del derecho internacional.

La ministra del Interior de Reino Unido, Suella Braverman, ha defendido ante el Parlamento una nueva ley con la que el Gobierno quiere deportar «rápidamente» a quienes lleguen a territorio británico, aunque ello suponga acometer expulsiones antes de resolver una petición de asilo o deportar a migrantes a terceros países, como Ruanda.

El principal objetivo del Ejecutivo es frenar el flujo migratorio en el canal de la Mancha, al que se atribuyeron en 2022 más de 45.000 llegadas. Al menos 44 personas murieron en esta zona el año pasado, mientras que este año ya han perecido al menos 13, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Braverman ha abogado por «detener los barcos que están llevando a decenas de miles de personas a las costas», para lo cual ha puesto sobre la mesa una ley que preocupa a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos pero que, según Londres, respeta en todas sus variables el Derecho Internacional.

Reino Unido se atribuye el «deber» de expulsar a quienes intenten acceder al país de forma irregular y tan solo permitirá que se queden aquellas personas con un «riesgo real de daños graves e irreversibles», menores de edad o enfermos graves. El resto serán expulsados con efecto inmediato, y no necesariamente a su país de origen.

La nueva norma prevé que, hasta la expulsión, los migrantes puedan permanecer detenidos hasta 28 días sin necesidad de comparecer ante un juez, mientras que se establecerá una cuota anual -aún por determinar- para limitar la acogida de refugiados en Reino Unido.

«Para el Gobierno, no responder a las olas de migrantes ilegales que cruzan nuestras fronteras sería traicionar la voluntad del pueblo que nos ha elegido», ha argumentado Braverman, que ha defendido no obstante el compromiso del país para acoger a personas que huyen de zonas en conflicto como Ucrania o Afganistán.

El Partido Laborista teme que esta nueva legislación acreciente el «caos» migratorio. «Necesitamos una acción seria para frenar los peligrosos cruces de barcos (....), pero lo de hoy es como el día de la marmota», ha afirmado la opositora Yvette Cooper en la Cámara de los Comunes.

Ruanda

Las asociaciones de ayuda a los refugiados denuncian que los endurecimientos sucesivos que ya se han puesto en marcha no han tenido ningún efecto y reclaman al Gobierno que establezca medios legales para poder reclamar asilo.

«Si se huye de las persecuciones o de la guerra, si se huye de Afganistán o de Siria y se teme por la propia vida, ¿cómo se podrá pedir asilo en el Reino Unido?», pregunta Christina Marriott, directora de la Cruz Roja británica.

En la misma línea, la representante para Reino Unido del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Vicky Tennant, ha considerado «muy preocupante» el proyecto de ley, «ya que esto supone efectivamente cerrar al acceso al asilo al Reino Unido a quienes lleguen al país de forma irregular». A su juicio, la propuesta «es una clara violación de la Convención del Refugiado», pues incluso «personas que tengan reclamaciones muy convincentes, simplemente no tendrán la oportunidad de presentarlas».

Gran Bretaña votó el año pasado una ley para expulsar a Ruanda a quienes demanden asilo, pero el proyecto ha sido bloqueado por la Justicia europea y está en punto muerto.

Para la oposición laborista, el proyecto de ley busca desviar la atención antes de las elecciones locales de mayo, en un contexto en el que la popularidad de los conservadores está en horas bajas tras trece años en el poder: «No creo que presentar propuestas irrealizables nos lleve muy lejos», señaló el lunes el líder laborista Keir Starmer.

Sunak viaja el viernes a París para reunirse con el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, meses después de que los dos estados firmasen un acuerdo de cooperación que preveía una ayuda financiera británica para vigilar las playas francesas y el envío de observadores británico al lado francés.

Esta cuestión ha sido objeto de regulares enfrentamientos con el Estado francés, acusado por Londres de no hacer lo suficiente para frenar la llegada de migrantes.