La trama de corrupción que ha detonado en Canarias y que involucra a un exdiputado del PSOE, altos cargos y empresarios presuntamente ha sido una de las protagonistas de la sesión de control de este miércoles y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido referirse a ella.

Desde mediados de febrero no ha dejado de crecer el escándalo llamado «caso de Tito Berni», por el apodo con el que se hacía mención al exdiputado electo por la circunscripción de Las Palmas, Juan Bernardo Fuentes Curbelo. El legislador, quien renunció a su escaño, está señalado por la jueza de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife como el «vértice superior de una trama criminal perfectamente definida y coordinada» que ofrecía a empresarios distintos tratos de favor a cambio de mordidas.

Fuentes Curbelo fue detenido el pasado 23 de febrero y se declaró inocente. Había dimitido de su cargo de diputado días antes al verse acorralado tras la detención de su sobrino, Taishet Fuentes, que le sustituyó como director general de Ganadería del Gobierno de Canarias. Los otros dos presuntos pilares de la trama son el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas (en prisión provisional) y el empresario canario Antonio Navarro Taraconte, apodado «el mediador» por ser considerado el nexo entre los empresarios (en general ganaderos y queseros) y la Administración.

Fuentes Curbelo fue puesto en libertad al no apreciarse riesgo de fuga pero sigue siendo investigado por los cargos de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal organizado. «Tengo la conciencia tranquila», dijo a los medios aquel día al salir de los tribunales.

El caso cobró además un tono más morboso y potente para que «viralice» fácilmente en redes y medios de comunicación porque según las filtraciones periodísticas de medios que han tenido acceso al sumario del caso, muchas veces las negociaciones entre los mediadores y los empresarios acababan en fiestas con prostitutas y cocaína.

El propio Navarro Tacoronte declaró en sede judicial el 22 de febrero del año pasado (el proceso judicial lleva más de un año) que despachaba con el exdiputado cada 15 días en Madrid, se alojaban en el Hotel Victoria 4, iban de «visita» al Congreso con empresarios y seguían de fiesta el resto del día, una media de entre 3.000 y 3.500 euros por noche, que pagaban los empresarios con interés en invertir en Canarias. «En estas fiestas eran protagonistas el consumo de alcohol, de cocaína, la contratación de prostitutas y el consumo de Viagra», según ha relatado en la declaración judicial.

Bronca en el pleno

Como era de esperar, en la primera sesión de control tras tomar el caso una dimensión de cobertura de los grandes medios del Estado, el asunto iba a ser utilizado por la oposición de derechas como una espada más en la batalla de este tipo de plenos. Más aún, siendo el día de la huelga feminista y tras la ruptura escenificada el martes en el Gobierno de coalición por la votación diferenciada entre PSOE y UP por la reforma de la «ley del solo sí es sí». La mesa estaba servida.

No ha habiado que esperar mucho. El primer dardo lo ha lanzado la portavoz del grupo Popular, Cuca Gamarra, quien criticando la coherencia de la política en torno a igualdad del Gobierno, en un momento ha disparado a Sánchez: «Usted no puede llamarse feminista cuando se pone de perfil en el 'caso del Tito Berni' en el que están implicadas mujeres prostituidas».

Sánchez responde espetando a Feijóo sus malas compañías en yate y a Sayas su transfuguismo

El presidente del Gobierno le ha respondido que el Partido Popular todavía «no ha digerido que la Justicia lo condenó por corrupción» y que eso derivó en una moción de censura, y ha hecho por primera vez una referencia al caso canario: «Podemos tener algún polizón en el barco pero en cuanto eso sucede lo bajamos inmediatamente a tierra. Eso sí, cuando me subo a un barco lo primero que hago es comprobar quién es el patrón, y creo que ustedes me entienden». Lo último era en referencia a la famosa foto difundida en 2013 del presidente del PP Alberto Núñez Feijóo en un barco con el narcotraficante Marcial Dorado.

El segundo cohete ha llegado a cargo del diputado Sergio Sayas, expulsado por UPN tras su indisciplina de voto por la reforma laboral. Siempre vehemente y en tono hostil, el navarro ha espetado a Sánchez: «Usted dijo que iba a luchar contra la corrupción… qué le voy a decir del 'caso Tito Berni', que es una oda a la corrupción, con cargos públicos, restaurantes de lujo, empresarios, drogas y prostitución». En esta oportunidad, Sánchez no ha vuelto a referirse al caso y ha apuntado contra Sayas por haber violado el pacto anti transfuguismo y lo acusó de haberse vendido al PP. «Para que alguien se venda alguien tiene que comprar», ha dicho mirando a la bancada de enfrente.

Han vuelto a la carga los diputados del PP Carlos Rojas García y Belén Hoyo Juliá. El primero ha afirmado durante su pregunta a la vicepresidenta Nadia Calviño que «no se genera confianza (en el Estado español) poniendo al Tito Berni como ponente de la ley anti fraude, así no se genera confianza». La segunda, en su pregunta a Yolanda Díaz, ha acusado a todas las diputadas de la mayoría de investidura de haberse «quedado mudas y desaparecidas» ante el caso y que «ni una sola ha sido capaz de condenar» el hecho que estén involucradas mujeres prostituidas, por lo que les ha pedido que rompan «ese carnet que se autoregalaron de feministas».

Batet abre el despacho

El caso sigue dando algunas novedades por goteo. Se ha conocido este pasado martes que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, remitió un oficio dirigido a la comisaría y a la secretaría general del Congreso acordando que se dé cumplimiento a la mayor brevedad posible a lo solicitado por la jueza de Tenerife de permitir que funcionarios judiciales entre y requisen el despacho de Fuentes Curbelo. Batet comunicó asimismo a la magistrada el acuerdo adoptado, informaron desde el Congreso.

La jueza había seguido así el criterio de la Fiscalía y pidió a la presidenta del Congreso que autorizara la entrega a la Policía Nacional de los «efectos depositados en el interior del despacho» que utilizaba hasta su dimisión el exdiputado del PSOE. Igualmente, desde círculos periodísticos informaban que Fuentes Curbelo, tras renunciar a su acta, pudo igualmente llevarse su tablet, provista por el Congreso.

Apenas el Grupo Socialista forzó la dimisión del llamado Tito Berni, clausuró su despacho en el Congreso para facilitar la previsible investigación, aunque al parecer no se evitó que se llevara algunos dispositivos electrónicos. Tuvo en sus manos su teléfono móvil que luego al declarar entregó a la magistrada.

El portavoz del grupo parlamentario del PSOE y exlehendakari, Patxi López, reconoció la semana pasada que le constaba que «algunos» diputados del grupo habían participado de una cena con Fuentes Curbelo organizada por la trama aunque negó prácticas corruptas. Cabe recordar que en declaraciones públicas Navarro Tacoronte (el 'mediador') desveló haber organizado una cena en un restaurante de lujo para Fuentes Curbelo y una quincena de diputados del PSOE.

En la misma sintonía, Patxi López dijo este pasado martes en rueda de prensa al justificar la negativa de crear una comisión de investigación (pedida por PP y Vox) en el Congreso que «no hay caso Tito Berni» y que el único pecado es que «cinco diputados del PSOE fueron a una cena».

Por si fuera poco, el caso llega a Bruselas, con el Parlamento exigiendo que se aclare si ha habido malversación de fondos europeos

Y por si fuera poco, Tito Berni llega a Bruselas: el Comité de Control Presupuestario (CONT) del Parlamento Europeo ha exigido a la Comisión que «aclare totalmente» que no ha habido «malversación ni uso indebido» de dinero del Fondo de Recuperación en este caso y que solicite «explicaciones necesarias al Gobierno español» al respecto, según ha informado el periódico El Español. Además, este pasado lunes el Partido Popular Europeo ha preguntado por escrito a la Comisión por este caso.

Es que según dijo Navarro Tacoronte, «algunas de las operaciones» que están siendo investigadas por el Juzgado de Santa Cruz de Tenerife estaban relacionadas «con fondos Next Generation», es decir, las ayudas de la Unión Europea para la recuperación tras la pandemia. Todos hilos de un novillo que al parecer tiene mucho todavía por rodar.