Mañana domingo, Catalunya podría cerrar definitivamente el ciclo del Procés si el PSC se impone con el margen suficiente para hacer inviable un nuevo ejecutivo independentista en el Parlament. Y, a tenor de los diferentes sondeos, todo indica que será así.

La división en el seno del soberanismo, incapaz de recoser la unidad tras el referéndum de 2017, ha lastrado especialmente a ERC, que con la salida de Junts del Govern y la ruptura del acuerdo de investidura con la CUP, ha tenido que gestionar en solitario las secuelas derivadas de la Covid, la inflación y la sequía. Un nivel de complejidad que, sumado a los obstáculos para abrir la carpeta de la autodeterminación, ha hecho que los socialistas se sitúen en la mejor posición para presidir la Generalitat, lo que no ocurre desde el periodo 2003-2010.

De la gestión al efecto Puigdemont Este posible cambio de escenario obedece a diferentes causas. Por un lado, el hastío de buena parte de las bases soberanistas, que ante la falta de un acuerdo entre ERC, Junts y la CUP para retomar el pulso con el Estado, han optado por la abstención (se calcula que han pasado a engrosarla 700.000 personas).

Y, por otro lado, la dificultad de los republicanos de convencer a su electorado de que, sobre la base del ‘principio de realidad’, lo más sensato era apoyar al ejecutivo español a cambio de arrancar el máximo de competencias, rememorando así el peix al cove que marcó la época de Convergència i Unió y Jordi Pujol.

«El reto era mayúsculo: atender las urgencias agravadas por la crisis de la Covid, la guerra de Ucrania y la sequía; asentar un nuevo modelo productivo basado en el bien común, acabar con la represión y abordar en igualdad de condiciones el ejercicio del derecho a decidir». Así se expresaba esta semana un grupo de intelectuales próximos a ERC, poniendo en valor una etapa en la cual el gobierno de Pere Aragonès ha priorizado ir paso a paso, consciente de que «el camino es lento, difícil y lleno de contradicciones, pero que los avances logrados muestran que vale la pena continuar».

Según los republicanos, entre las conquistas que avalan esta estrategia destacan los indultos a los líderes del Procés, la derogación del delito de sedición y una Ley de amnistía que, si los jueces no lo impiden, dejará sin efectos la persecución que padecen centenares de encausados por los hechos vinculados al referéndum de 2017. Mientras que, en el terreno social, ponen de relieve haber revertido los recortes, fortalecer los servicios públicos y tomar medidas eficaces para paliar la actual emergencia climática.

En cambio, para el resto de fuerzas independentistas, estos logros son insuficientes para corregir los problemas estructurales que sufre Catalunya: un insostenible déficit fiscal –22.000 millones de euros anuales–, las galopantes desinversiones en materia de infraestructuras –Madrid solo ha ejecutado el 43% de las partidas consignadas, un hecho que se observa en el caos de los trenes de Cercanías–, el espionaje sobre los dirigentes independentistas o la ofensiva de los tribunales contra la política de inmersión lingüística.

Si nos atenemos a las encuestas, Junts es el partido que más rédito sacará de la supuesta incapacidad de ERC de resolver estas cuestiones. No tanto porque su estrategia seduzca a un gran electorado, pues ha aparcado su recurrente no surrender para entrar al trapo de la negociación con el PSOE; sino por el empuje que tiene Carles Puigdemont desde el exilio. El espacio posconvergente ha convertido al expresident en la referencia de ese independentismo que «mantiene la posición» mientras prepara un nuevo jaque al Estado.

Por su lado, la CUP, en pleno proceso de refundación, confía en que su renovado discurso, más arraigado a las clases populares y a los sectores más castigados por la crisis, le ayude a conservar el grupo parlamentario con el fin de influir en la agenda social y nacional. De momento, la demoscopia no les augura muy buenos resultados.

PSC, el gran beneficiado

De ese desaguisado que atrapa al soberanismo, el gran beneficiado es el PSC de Salvador Illa, cuya postura ha consistido en reivindicarse como el único partido que puede garantizar la paz social, el diálogo con Madrid y sacar adelante la ampliación del aeropuerto y megaproyectos tan controvertidos como el Cuarto Cinturón, el complejo de ocio Hard-Rock o la candidatura de Catalunya a los Juegos Olímpicos de Invierno en los Pirineos.

En ese sentido, los socialistas han optado por el carácter adaptable del exministro de Sanidad, a quien presentan como el único líder capaz de «unir y servir a todos los catalanes y catalanas» hasta el punto de mostrarse dispuesto a alcanzar acuerdos con cualquier fuerza parlamentaria a excepción de la extrema derecha.

Abogando por una «España de corte federal», no ha escatimado esfuerzos en alargar la mano a Junts y a ERC como también a los antiguos votantes de Ciudadanos, que de ser la primera fuerza en 2017 –cuando cosecharon un millón de votos y 36 diputados– ahora podrían quedar fuera del Parlament.

Prueba del guiño al electorado de la formación españolista, es el matiz naranjado que el PSC ha dado a su color tradicional o el uso del castellano en varios mítines. Así ocurrió en Lleida, dónde Salvador Illa empleó el término «Lérida» o, en la localidad de Sant Boi, dónde sustituyó el nombre de la comarca del Baix Llobregat por el de «Bajo Llobregat».

Esta serie de artimañas, a las cuales se han sumado el apoyo de los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) y, sin lugar a dudas, la presencia de Pedro Sánchez en los actos más concurridos, pueden dar al candidato del PSC la victoria en las urnas. Ni los Comuns, que aspiran a ser claves para reeditar el Tripartito de izquierdas, ni PP y Vox, enfrascados en la lucha por capitalizar el voto más ultra y conservador, parecen en condiciones de hacerle sombra ni arañarle ningún escaño.

Así las cosas, el Parlament de Catalunya podría dibujar un hemiciclo con mayoría unionista pero completamente fragmentado, lo que haría casi imposible una legislatura estable. Si esto sucede, no puede descartarse una repetición electoral.

Aliança Catalana, última distorsión

El tablero político que surgirá este domingo ofrecerá, según las encuestas, otro factor disruptivo. Es Aliança Catalana, el partido de extrema derecha liderado por la alcaldesa de Ripoll, la independentista Sílvia Orriols, cuyos mensajes han sacudido la campaña pese a no contar con representación parlamentaria, pues solo tiene concejales en tres municipios.

Si se confirma su aterrizaje en el Parlament, no solo supondrá la amplificación del discurso antiinmigración y de conceptos que ya enarbola Vox, como la teoría conspirativa del ‘Gran reemplazo’; también supondrá un torpedo en la línea de flotación del movimiento independentista. Así se antoja a tenor del uso que han hecho varios sectores del Estado, los cuales han empleado Aliança Catalana como arma arrojadiza para vincular el soberanismo a valores contrarios a los derechos y a las libertades democráticas.

De momento, y a falta de ver su incidencia, todo indica que el cordón sanitario que la mayoría de fuerzas han levantado contra esta formación y Vox, no será suficiente para evitar que la xenofobia se instale definitivamente en el hemiciclo. Un hecho que, de ocurrir, puede lastrar el conjunto del soberanismo, impotente al ver como irrumpe un racismo de corte independentista en algunas capas de la sociedad.