La Sección Segunda de la Audiencia de Nafarroa ha confirmado que la investigación judicial del denominado ‘caso Davalor’ por las ayudas irregulares concedidas por Sodena y que provocaron pérdidas de 2,6 millones se prorrogó fuera del plazo de un año establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ratificando  las resoluciones judiciales decretadas el pasado diciembre por la titular del Juzgado de Instrucción nº 2, que declaró la invalidez de las diligencias acordadas después del 21 de enero de 2022. La demora correspondió al juez Fermín Otamendi.

El caso hace referencia a las ayudas irregulares concedidas por Sodena a la empresa del mismo nombre. La concesión de las ayudas se llevó a cabo sin los informes preceptivos y con una férrea defensa de la empresa por parte del entonces consejero Manu Ayerdi, que calificaba esta inversión como estratégica para Nafarroa. Finalmente, la empresa quebró y las ayudas se perdieron. Fueron seis préstamos por un valor de 2,6 millones de euros. Ayerdi presentó su dimisión en enero de 2021.

Para el tribunal, «a pesar de los minuciosos y esforzados argumentos impugnatorios aducidos» por las acusaciones, la primera prórroga decretada por el entonces titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Iruñea el 18 de febrero de 2022 fue extemporánea, puesto que se acordó finalizado el plazo anual, iniciado el 21 de enero de 2021, fecha en la que el Tribunal Supremo acordó la incoación de las diligencias.

Tras esta decisión de la Sección Segunda, la decisión final sobre el archivo de esta causa le competerá decretarla en las próximas semanas al tribunal al que le hubiera correspondido el enjuiciamiento, la Sección Primera de la Audiencia.

La resolución judicial, contra la que no cabe recurso, destaca que la exclusiva razón que determina la declaración del fin de la instrucción radica en la terminación del plazo de investigación sin haberse acordado temporalmente las prórrogas correspondientes.

Según la Audiencia, a pesar de los argumentos expuestos por la fiscalía y las acusaciones populares, UPN y PP, la primera prórroga decretada el 18 de febrero de 2022 «era de carácter extemporáneo», pues se acordó finalizado el plazo de un año, el 21 de enero de 2021.

Ciertamente, añaden los magistrados, las únicas diligencias de investigación acordadas con posterioridad fueron las dispuestas el 28 de abril de 2023, entre ellas las declaraciones en calidad de investigados del querellado y de las otras personas reseñadas.

La única diligencia de averiguación dictada en el plazo oportuno fue el informe encomendado el 19 de mayo de 2021 a la Policía española. «Exclusión hecha de las diligencias acordadas en la providencia (resolución judicial), ninguna otra se practicó en las cuatro sucesivas prórrogas», señala la Audiencia.

UPN lamenta el error judicial de Otamendi

UPN ha lamentado que «los posibles delitos del caso Davalor acaben sin ser juzgados por un error judicial en el cómputo de los plazos de la instrucción» que cometió el juez Fermín Otamendi.

Por ello, destaca que «los navarros y las navarras, principales afectados por la pérdida de 2,6 millones de euros, no sabremos si se cometieron delitos o no debido a un error procesal» de Otamendi.

«Siempre quedará la duda», añade UPN, que pone en valor «las pruebas e indicios sólidos de delitos de corrupción detectados por jueces y Fiscalía del Tribunal Supremo, ratificados por un informe de la Policía Nacional».

«Es incompresible que todas esas prueba e indicios terminen en una papelera por un error y que la justicia no pueda entrar a valorarlos o juzgarlos, teniendo en cuenta que Ayerdi ha estado investigado por delitos gravísimos de presunta corrupción», insiste.