La Fiscalía ha remitido al Juzgado la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Etxebarri contra un agente de la Policía Municipal, que se mantuvo en este puesto durante tres años y del que se sospecha que pudo haber falsificado el título de la academia policial de Arkaute.

El agente, ya despedido, accedió a la Policía Municipal de Etxebarri mediante una bolsa de trabajo interna por la que fue contratado en diferentes periodos cubriendo bajas y haciendo sustituciones.

Las sospechas se desencadenaron cuando uno de sus compañeros preguntó por este supuesto policía en otro ayuntamiento donde mantenía que había trabajado como agente con anterioridad y, tras averiguar que no era cierto, sus superiores trasladaron sus dudas a Arkaute, donde tampoco quedaba registro de su paso.

En un comunicado difundido este miércoles a los medios, el Ayuntamiento de Etxebarri ha explicado que, tras detectar una «posible irregularidad» en un policía municipal, abrió un expediente informativo interno para recabar más información.

«Como en esas indagaciones había algún elemento que podría ser constitutivo de delito, el Ayuntamiento remitió el expediente a la Fiscalía, que lo trasladó al Juzgado», se relata en la nota.

El alcalde del municipio bilbaino ha asegurado que en cuanto tuvieron conocimiento del caso puso en marcha una investigación interna.

El consistorio ha eludido aportar más información sobre lo sucedido con el argumento de que el expediente se encuentra ya «en sede judicial» y para no «interferir en la actividad» de los jueces o hacer alguna valoración que pueda perjudicar a personas supuestamente afectadas «antes de que la justicia haya hecho su parte».

El acusado ha realizado funciones habituales de un policía, portando el arma reglamentaria, realizando detenciones y poniendo sanciones administrativas.

Ahora, si se confirma la acusación y es condenado, todas sus actuaciones como agente quedarían nulas a nivel jurídico.

Se enfrenta a un delito de falsedad de documento público, castigado con penas de entre 6 meses y 3 años de cárcel. Además, también podría ser acusado de usurpación de funciones públicas y tenencia ilícita de armas.