El Congreso de El Salvador ratificó, con 57 de 60 votos, la reforma constitucional aprobada el 29 de abril del pasado año, un día antes de que se disolviera por las elecciones. Queda así aprobada de forma definitiva la modificación del artículo 248 de la Carta Magna, lo que posibilitará realizar reformas a la Constitución en una sola legislatura, siempre que se cuente con los votos de las tres cuartas partes de la Asamblea (45).

Hasta ahora, la Constitución vigente desde 1983 establecía que solo se podía cambiar el texto en dos legislatu- ras. Concretamente, en una primera votación se requería la mitad más uno de los diputados (mayoría simple) y, posteriormente, debía ser ratificada en la siguiente legislatura por dos tercios. Suponía un muro de contención para evitar que una mayoría pudiera ejercer el rodillo parlamentario, tal como sucederá a partir de ahora, teniendo en cuenta que el partido oficialista, Nuevas Ideas, tiene 54 escaños mientras que la oposición, Arena y Vamos, apenas tres.

Con la redacción original del artículo 248 se garantizaba que la ciudadanía, al votar a los nuevos legisladores cada tres años, pudiera dar su respaldo o no a los partidos que hubieran apostado por la reforma de la Constitución, algo que ya no será posible.

Eso permitirá a Bukele aglutinar más poder y acometer la profunda reforma constitucional pendiente desde 2020, durante su primer mandato. No se esperan cambios en materia de derechos sociales, tan en riesgo con este líder ultraconservador, después de que Bukele cerrara la puerta a introducir el aborto terapéutico, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia. Por el contrario, ha propuesto, entre otra reformas, ampliar el mandato presidencial de cinco a seis años.

Sin embargo, está por ver si esa última medida se puede llevar a cabo, ya que en el artículo 248 no se ha eliminado la disposición que prohíbe reformar «los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República». De esta manera, no sería posible una modificación exprés de los seis artículos de la Carta Magna que impiden la reelección presiden- cial, entre ellos el 154, que fija la duración del periodo del mandatario en cinco años.

Ello no fue óbice para que Bukele fuera reelegido en las el 4 de febrero de 2024 iniciando un segundo mandato el 1 de junio de ese año. Para ello, la Asamblea Legislativa aprobó otorgarle un permiso de seis meses que entró en vigor el 1 de diciembre de 2023. El mandatario se amparó en la histórica resolución de la Sala de lo Constitucional emitida el 3 de septiembre de 2021, que dio luz verde para que «una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral para una segunda ocasión».

LA PRIMERA REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PIENSA ACOMETER

es derogar el artículo 210 que establece que «el Estado reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes». Así, pretende que no haya más financiación de las formaciones políticas «con el dinero del pueblo».

Más allá de reformas constitucionales, la Asamblea Legislativa continúa dando alas a la política represiva de Bukele en su particular «guerra contra las pandillas». De nuevo, volvió a aprobar con los votos de Nuevas Ideas y sus tres aliados la 35 prórroga del régimen de excepción que, desde marzo de 2022, suspende derechos fundamentales y ha permitido detener a 84.200 personas bajo la acusación de pertenecer o colaborar con las maras.

Sin embargo, no todo son victorias, dado que Bukele ha reculado respecto a la implantación de su otra medida estrella: el bitcoin. El presidente se vio obligado, por presiones del FMI, a enviar con carácter urgente al Congreso la modificación de seis artículos y la derogación de otros tres de la ley que dio vida en 2021 al uso de la criptomoneda. La Asamblea aprobó que el bitcoin deje de ser moneda de curso legal y, por tanto, su utilización no será obligatoria por parte de las empresas privadas. Todo ello con el fin de obtener un préstamo de 1.400 millones de dólares del FMI durante 40 meses a paliar la deuda pública de El Salvador, que en 2024 equivalía al 84% del PIB.