El Ejército israelí ha reconocido que acumula miles de objetos y dinero de palestinos detenidos en Gaza desde el comienzo de la agresión contra la franja en octubre de 2023, aunque ha rechazado dar información detallada sobre ello alegando que no tiene una base de datos centralizada.

En una respuesta de solicitud de información presentada por la organización israelí Hatzlacha (Éxito en hebreo) en colaboración con el diario israelí “Haaretz”, que publica este martes la noticia, el Ejército explica que posee «miles de objetos conservados», incluidas sumas de dinero, de estos prisioneros.

En el documento de respuesta a la petición, fechado el 7 de abril, el Ejército no provee, tal y como pidió la organización, una lista de los objetos ni una suma del dinero que ha requisado porque dice no almacenarlos «de forma centralizada» y añade que localizar esta información «requeriría un examen manual» de los objetos, lo que «llevaría decenas de días laborables» y supondría una «asignación irrazonable de recursos».

Según explicó a Efe Elad Man, jefe del equipo jurídico de Hatzlacha, organización israelí focalizada en la transparencia gubernamental, en su petición –presentada el 16 de septiembre de 2024– pidió una lista de los objetos personales y dinero de los gazatíes detenidos por Israel desde octubre de 2024 y que, o bien fueron liberados ya en Gaza, o bien siguen detenidos.

Se trata, indicó el abogado, de teléfonos móviles, documentos de identificación, ropa o dinero. La organización pide detalles sobre órdenes o protocolos sobre cómo se almacenan y mantienen estos objetos.

En su respuesta, el Ejército indicó que «no es posible publicar las instrucciones sobre el procedimiento de depósito, ya que dichas instrucciones están clasificadas como confidenciales y no pueden distribuirse»

Para el letrado, «el rechazo en dar la información es una pauta preocupante cuya justificación es cuestionable y puede que no resista la revisión judicial», ya que considera que el principio conductor debería ser la transparencia, solo a excepción de «casos justificados donde la seguridad nacional estaría genuinamente comprometida».

Por ello, la organización planea cuestionar la respuesta a través de los canales legales apropiados. «Si es necesario, llevaremos el asunto a los juzgados», ha afirmado el abogado.