El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha comunicado que se activará un gasto adicional de 10.471 millones de euros destinados a defensa para cumplir con el compromiso de llegar al 2% del PIB (hasta ahora era del 1,4%), pese a que el plazo para materializarlo se había ampliado hasta 2029, al mismo tiempo que se aumentará el número de efectivos militares.

Ambas medidas se incluyen dentro del denominado plan de seguridad y defensa aprobado por el Consejo de Ministros. A su conclusión, Sánchez las ha hecho públicas, enmarcándolas dentro del primero de los cinco ejes de dicho plan que supondrá el 35% de la inversión total del mismo.

El mandatario español ha explicado que ese pilar servirá para «mejorar las condiciones laborales de la tropa y la marinería, mejorar sus condiciones de preparación y también mejorar el equipamiento de las Fuerzas Armadas».

El objetivo de este acuerdo, que será remitido este miércoles a la Unión Europea y la OTAN para su correspondiente evaluación, es, a juicio, del presidente español, «garantizar la seguridad del país y consolidar a España como un miembro central y fiable»..

Sánchez ha recordado que el Ejecutivo acaba de cumplir con una «demanda de hace muchos años» de las Fuerzas Armadas de incrementar sus retribuciones y, junto a ello, ahora se dispone a aumentar el número de efectivos.

Además, el Gobierno español ha acordado actualizar los equipamientos y modernizar sus sistemas de formación, algo que ha considerado como «fundamental». «Se trata no solamente de homologar las condiciones de los soldados españoles a los soldados europeos, sino también de dar respuesta a una demanda histórica de nuestros militares», ha insistido Sánchez, quien ha añadido que esto supondrá el «justo reconocimiento» que merecen estos profesionales.

Sánchez ha garantizado que la inversión adicional se logrará «sin tocar ni un céntimo de euro del estado del bienestar», sin comprometer el gasto social o medioambiental, sin subir los impuestos y sin incrementar el déficit o el endeudamiento.

Según ha explicado, el grueso de la financiación va a proceder de tres fuentes: la reordenación de algunas partidas de los fondos europeos, como la destinada a la ciberseguridad; de los ahorros generados por la «gestión rigurosa» que ha hecho el Gobierno y los buenos datos económicos; y del margen que dan ciertas partidas que se incluyeron en los presupuestos de 2023 y que ya no se necesitan.

La inversión adicional de 10.471 millones se unirá a lo invertido a lo largo de los últimos años hasta alcanzar una cifra total de 33.123 millones de euros en seguridad y defensa, lo que supone el 2 % del PIB.