Reivindicando un decálogo de demandas, ELA ha planteado una huelga parcial en las prisiones de Martutene, Basauri y Zaballa, que se extenderá del 9 al 15 de junio, con parones de tres horas –de 13.00 a 16.00–, al entender que Lakua no ha llevado a cabo actuaciones necesarias después de haber asumido dicha transferencia hace cuatro años.

Dicha central sindical denuncia que las personas internas «han aumentado un 40%», lo que ha derivado en un «deterioro laboral», reclamando que todavía «siguen sin cubrirse 295 puestos». Advierte, además, de que dichos paros continuarán «si el Departamento no da respuesta satisfactoria a las siguientes reivindicaciones».

ELA demanda que, en el plazo máximo de seis meses, se acuerde con la parte sindical una nueva Relación de Puestos de Trabajo, «que tenga en cuenta la idiosincrasia de los centros existentes en la CAPV (incluido el nuevo de Gipuzkoa) y las necesidades reales de la población interna para lograr el objetivo final, que no puede ser otro que la reinserción de la persona penada». Hasta que ello se produzca, solicita que, «de manera inmediata, se contrate personal que cubra los 886 puestos de trabajo incluidos en la RPT impuesta por el propio Departamento de Justicia».

Como siguiente paso, una vez acordada la RPT y, con el objetivo de acabar con la temporalidad, debería iniciarse un proceso de negociación y posterior acuerdo de una OPE, «que cubra las necesidades acordadas en la RPT, como muy tarde antes de finalizar el año 2026».

También se exige un acuerdo con los sindicatos respecto a las condiciones de trabajo, pues «transcurridos cuatro años, las trabajadoras y trabajadores siguen sin tener una condición laboral definitiva que cumpla con las reivindicaciones de la plantilla». Asimismo, ELA solicita una valoración económica de dicho trabajo «que tenga en consideración la importancia, dificultad y responsabilidad de las labores que se realizan en la administración penitenciaria» y, mientras tanto, aplicar «un complemento específico singular para todos los colectivos».

Escuela Vasca de Estudios Penitenciarios

Otra de las demandas es la creación «inmediata» de una Escuela Vasca de Estudios Penitenciarios «para llevar a cabo la formación teórica y práctica del nuevo personal penitenciario, así como para reciclar y aumentar las capacidades del actual personal». Junto a ello, que se pongan en marcha «planes específicos y efectivos para el aprendizaje del euskera y medidas para garantizar el derecho a trabajar en euskera en las prisiones de la CAPV».

ELA entiende también que se debe cumplir «con la legalidad vigente» en lo que se refiere al régimen de horarios y turnos, frente a las «jornadas de trabajo interminables» que se realizan actualmente, y que se deben mejorar las instalaciones penitenciarias, especialmente las cocinas, «con importantes deficiencias que ponen en peligro la seguridad de las personas trabajadoras y la seguridad alimentaria de las personas internas».

Finalmente, reclama poner en marcha una política de seguridad y prevención en el trabajo, «que dé respuesta a los problemas de los centros, entre ellos el aumento de agresiones y de la conflictividad y que acabe con la discriminación que sufren las mujeres».

ELA recuerda que hace ya más de seis años, previamente a que se culminara la transferencia de prisiones en octubre de 2021, ya presentó a Lakua una serie de bases «sobre las que debería pivotar el modelo penitenciario vasco» y advirtiendo de que «la transferencia no podía ser un mero traslado de responsabilidades de gestión, sino que debía dotar de capacidad para desarrollar una política penitenciaria propia, distinta al modelo estatal que se había mostrado en demasiadas ocasiones deshumanizado, colapsado e incapaz de llevar a cabo los objetivos de reinserción que la propia ley establece».

«Pasados cuatro años desde la transferencia, lejos de una mejora en el sistema, la realidad actual se caracteriza por una alarmante indefinición en el modelo, una población interna muy superior a las capacidades óptimas de las cárceles, una acuciante falta de personal y un deterioro de las condiciones laborales que imposibilita la reinserción efectiva y ponen en
riesgo la seguridad de trabajadores e internos», denuncia.