PNV y PSE, que conforman el Gobierno local de Bilbo, han aprobado en solitario y con el voto en contra de toda la oposición, las nuevas ordenanzas fiscales para 2026, entre ellas la nueva tasa de residuos urbanos, que entrará en vigor el próximo enero y que aumentará la cuota a pagar por los ciudadanos.

Además, en el pleno municipal mensual celebrado este jueves se ha aprobado la congelación del resto de tributos municipales.

La nueva tasa la gestionará el propio Ayuntamiento, que sustituirá así a la actual gestionada por el Consorcio de Aguas desde 1980. El coste del servicio se sitúa este año en 24 millones y se estima que ascenderá 36 millones de euros.

La cuota estará compuesta por la suma de un componente básico, que atenderá al principio de capacidad económica y cubrirá el 40% del servicio, y uno específico, calculado en función de la generación potencial de residuos y que alcanzará el 60% restante.

Estarán obligados al pago de la misma los titulares de inmuebles urbanos, tanto de uso residencial como no residencial, y la cuota a abonar atenderá tanto al principio de capacidad económica como a un cálculo en función de la generación potencial de residuos.

En el caso de los inmuebles residenciales, el componente básico se calculará en base al valor catastral y el específico en función del número de personas empadrondas en al vivienda.

En los no residenciales el cálculo se realizará en base al valor catastral, el tipo de actividad que desarrollan y su superficie, con reducciones de un 50% de inmuebles destinados a deporte, estadios, auditorios, bibliotecas o museos, entre otros.

Los pagos se podrán fraccionar en seis recibos y está previsto que en 2027 el tributo se incorpore al sistema de pago a la carta.

Además se aplicarán bonificaciones a los bienes de uso residencial que acrediten el uso de contenedores especiales de residuos orgánicos (contenedor marrón o quinto contenedor).

Respecto al IBI se han aprobado «pequeñas modificaciones» como el incremento de los porcentajes de bonificación respecto de la vivienda que constituye su residencia habitual o a las familias numerosas.

En relación con el recargo para las viviendas que no constituyen la residencia del sujeto pasivo, se propone incluir también el grado I, junto a los supuestos ya contemplados de dependencia de grado II y grado III, como causa de exclusión de la aplicación del recargo a las viviendas que hayan quedado vacías como consecuencia de estas situaciones.

En su explicación de las nuevas ordenanzas, la concejala de Hacienda, Marta Ajuria, se ha centrado principalmente en la nueva tasa de basuras, que ha considerado «razonable y justa», y ha asegurado que «será progresiva, ya que se pagará según renta y zona donde se vive».

«Empeorará la vida de los arrendatarios»

Por parte de EH Bildu, María del Río ha argumentado su voto en contra de esta tasa debido a que el cálculo del pago según el padrón y el número de personas que viven en la vivienda «empeorará la vida de los arrendatarios, que habitualmente son los más vulnerables», y ha considerado que sería mejor hacer el cálculo según el consumo de agua.

El concejal de Elkarrekin Bilbao, Xabier Jiménez, ha mantenido que su aprobación supone una «oportunidad perdida» porque solo incluye «cambios técnicos de poco calado, y no una modificación integral para la redistribución de la riqueza», a la vez que ha puesto en duda que el establecimiento de las cuotas «sea progresivo según renta».

Ángel Rodrigo, del PP, ha criticado que la nueva tasa supone un incremento en la cuota del 45%, lo que representará un aumento de 11 millones de euros en la recaudación, y ha insistido en que con la liquidez de la que dispone el ayuntamiento en la actualidad «puede y debe bajar impuestos».