El jueves la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, aprovechó una entrevista en RNE para instar a la parte estatal a «aprovechar los cinco días de oro» hasta la reunión bilateral entre Imanol Pradales y Pedro Sánchez para «cerrar acuerdos» porque, según advirtió, «Euskadi no va a aceptar acuerdos a medias». Pues precisamente lo que se dio el martes fue «un acuerdo a medias» perfectamente visible cuando del primer paquete de la gestión de la Seguridad Social que tenía dos partes se logró pactar con un ministerio sí y con otro no.

Para lanzar un órdago de ese tipo hay que tener la posibilidad normativa o la determinación política de aguantarlo. En este caso, el Gobierno español siempre tiene la sartén por el mango. Por una parte, y como se lleva demostrando desde hace 46 años, no hay forma legal de obligarle a transferir las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía que retiene. Por otro lado, el acuerdo de investidura que PSOE y PNV firmaron el 10 de noviembre de 2023 se lo cobró Pedro Sánchez al contado seis días después en el Congreso de los Diputados cuando los jeltzales contribuyeron a hacerle nuevamente presidente, pero lo va pagando a plazos, con mucha tranquilidad, y a veces con cheques sin fondos.

El acuerdo rubricado por Pedro Sánchez y Andoni Ortuzar en noviembre de 2023 fijaba que «se procederá en los dos primeros años de legislatura a la negociación y a efectuar los traspasos correspondientes de las materias pendientes de transferencia según el listado acordado por los Gobiernos Español y Vasco en la legislatura anterior y, en su caso, se procederá a remover los obstáculos legales que impidan un mayor ejercicio del autogobierno». Esto supone, como se ratificó un año más tarde en la Comisión Bilateral del 27 de noviembre de 2024, que todas las competencias que faltaban entonces, una treintena, deberían estar transferidas para Nochevieja de este año.

¿Cuántas se han traspasado hasta este momento?

El acuerdo de investidura de noviembre de 2023 fijaba como prioritarias las competencias de Ferrocarriles de Cercanías, Homologación y Convalidación de títulos extranjeros, Acogida de personas refugiadas y asiladas, que se materializaron en la Comisión Mixta de Transferencias de marzo de 2024. Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló después la de Homologación de los títulos extranjeros.

En la Comisión Bilateral de noviembre de 2024 se anunciaron dos nuevas competencias: Ordenación y Gestión del Litoral y Actividad Cinematográfica y Audiovisual, cuyo traspaso se afirmó que se haría efectivo el 16 de diciembre en la Comisión Mixta de Transferencias, como así ocurrió.

Después de aquella cita en Moncloa, Lakua dio cuenta de trabajos para cerrar antes de fin de año: los de Permisos de Trabajo para Personas Extranjeras, Meteorología, Salvamento Marítimo y el Centro Nacional de Verificación de Maquinaría de Barakaldo. Las dos primeras se materializaron en marzo de este año.

Las otras dos han entrado nuevamente en el pack de la Comisión Bilateral del martes, junto a las prestaciones familiares de la Seguridad Social y las prestaciones económicas del Seguro Escolar. Imanol Pradales dijo confiar en que las materias acordadas puedan materializarse en la Comisión Mixta de Transferencias en el último trimestre del año.

Es decir, en 20 meses, de 30 transferencias pendientes hay seis traspasadas efectivamente, una anulada y cuatro prometidas para el último trimestre. Por mucho que la delegada del Gobierno español en la CAV, Marisol Garmendia, y su compañero de partido y vicelehendakari segundo, Mikel Torres, digan que hay tiempo y voluntad por parte de Pedro Sánchez para cumplir el acuerdo, y que el lehendakari, Imanol Pradales, y la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, repitan que «el tiempo corre, el calendario nos interpela y el pacto obliga», basta hacer una simple regla de tres para ver que en los cuatro meses restantes de 2025 no se va a cumplir lo pactado.

Y esto no va aser solo culpa del Ministerio de Yolanda Díaz, a quien señalan estos días desde PNV y PSE, sino de que todas las partes sabían que, después de 46 años de retraso, culminar el Estatuto en ese plazo era imposible.

Lo sabía Pedro Sánchez, que como dice el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, «quien no está dispuesto a cumplir, no tiene reparos en aceptar cualquier exigencia». Y lo sabía también el PNV. Eran matemáticas además de política.

Pero al margen de todo ello, y visto que Sánchez o no puede o no quiere controlar a todo su Gobierno e ir dando los mínimos pasos necesarios, ahora sí es el momento de pasar pantalla y, además de seguir negociando transferencias hasta donde se llegue, el trabajo de las fuerzas vascas debería centrarse a partir de ya en avanzar hacia un sistema de garantías de lo que aquí se acuerde.

Porque, como se ha dicho al principio, el Estado tiene la sartén por el mango. Y sumen a ello que ahora la duda no es si Pedro Sánchez culminará los traspasos de competencias antes de que acabe el año, sino si comerá las uvas en la Moncloa. Habría que poner las luces largas para otear el horizonte, que se vislumbra muy azul, verde y pardo. Si luego amanece rojo, rosa y morado, pues mejor, pero ya se ha vito que todo tiene sus límites.

Con el plazo orientativo también del final de 2025, el pacto escrito y público entre PSOE y PNV incluía su «compromiso de negociar de buena fe y sacar adelante un acuerdo, tanto en el seno de las instituciones vascas como en las Cortes Generales, siendo posteriormente ratificado por el pueblo vasco el acuerdo alcanzado. El reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y la foralidad serán ámbitos a dialogar y negociar entre ambos partidos».

A esto añadía que «el acuerdo alcanzado deberá responder a las demandas mayoritarias del Parlamento de Euskadi, que, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Gernika, representa legítimamente al pueblo vasco».

Junto a seguir buscando los resquicios de la cada vez más menguante «ventana de oportunidad», habría que ir preparando acuerdos de base para la posibilidad creciente, no solo de que se cierre abruptamente, sino de que, además, se abra una puerta al averno.

Si después de meses ni siquiera se puede alcanzar un acuerdo para hacer de cajero de las prestaciones y subsidios del paro, habría que ir pensando en dar un salto y también un puñetazo en la mesa.