El Comité de Derechos Humanos de la ONU insta al Estado español, en las observaciones finales de su informe periódico, a investigar adecuadamente las denuncias de tortura.

Giza Eskubideen Behatokia, que ha participado en el 144º periodo de sesiones en las que el Comité examinó el cumplimiento por parte del Estado español de los compromisos adquiridos en el Pacto Universal de Derechos Humanos, considera que el organismo de Naciones Unidas «da un varapalo».

Sobre la tortura, GEBehatokia destaca que el informe «visibiliza a las cerca de 6.000 personas torturadas recogidas ya en informes oficiales, así como la necesidad de acceso a la verdad, reparación y justicia por parte de las víctimas del Estado», poniendo especial interés en la imprescriptibilidad de la tortura y otros crímenes de lesa humanidad, así como en la necesidad de investigación y persecución.

En este sentido, el Comité recomienda al Estado español establecer «un mecanismo independiente con competencias para investigar todas las denuncias de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, dotándole de recursos suficientes que les permitan recopilar y publicar datos coherentes y desglosados sobre dichas denuncias».

Junto a ello, tras reconocer que se han registrado avances, insta al Estado español a «adoptar las medidas necesarias que garanticen la investigación efectiva de los presuntos actos de tortura y malos tratos a los que hacen referencia los numerosos testimonios documentados entregados a las autoridades del País Vasco y de Navarra». Concretamente, lamenta que no se haya iniciado ninguna investigación sobre los más de 5.000 testimonios documentados en Hego Euskal Herria.

Sin definición del delito de tortura

El Comité de Derechos Humanos de la ONU alerta de que en el Estado español no hay una definición adecuada del delito de tortura, «al no incluir como finalidad el ‘intimidar o coacciones a la víctima o a un tercero’» y muestra su preocupación por el hecho de que este delito prescriba a los quince años, «lo que podría dar lugar a situaciones de impunidad y a que determinados actos de tortura no sean debidamente investigados ni sancionados». Por ello, reclama que se revise la legislación internacional para adaptarse a los estándares internacionales.

«Esta posición marcada por el Comité es un varapalo muy importante al Estado español y supone un espaldarazo a la línea de actuación definida por GEBehatokia, situándonos en plena sintonía con las recomendaciones de organismos internacionales», añade este colectivo.

Asimismo, el Comité llama a introducir la obligatoriedad de la grabación en vídeo de todos los interrogatorios policiales.

«Uso excesivo de la fuerza»

El organismo de la ONU también lamenta el «uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad» y muestra su preocupación por «la información que indica la falta de rendición de cuenta efectiva respecto a los responsables».

Por ello, insta al Estado español a «asegurar que los principios de necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza se respeten en la práctica».

Asimismo, reclama que «se asegure que las denuncias de uso excesivo de la fuerza, incluido durante reuniones pacíficas, se investiguen con prontitud, exhaustividad e imparcialidad, que los presuntos responsables sean procesados, que sin son declarados culpables se les imponga una sanción y que las víctimas obtengan reparación».

El Comité de Derechos Humanos de la ONU «toma nota de que el régimen de incomunicación [en prisión] no puede aplicarse a menores de 16 años» y lamenta que el Estado español «no contemple su abolición».

Derogar la Ley de Amnistía y la de Secretos Oficiales

En sus observaciones, el Comité también lamenta que la Ley de Amnistía de 1977 aún no haya sido derogada y que ninguno de los procedimientos iniciados contra responsables de violaciones de derechos humanos durante la guerra de 1936-1939 y la dictadura franquista no hayan desembocado en ninguna actuación penal efectiva.

Junto a ello, también lamenta que continúen vigentes normas adoptadas durante la dictadura como la de Condecoraciones Policiales o la de Secretos Oficiales.

El organismo de la ONU llama derogar estas normas y a «proseguir e intensificar sus esfuerzos para adoptar todas las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar que no se aplique ni la amnistía ni la prescripción a las graves violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista».

Asimismo, insta a «continuar sus esfuerzos para promover el reconocimiento de responsabilidades, el esclarecimiento de la verdad, la búsqueda de personas desaparecidos y la preservación de la memoria».

Defensor del Pueblo

La ONU emplaza al Estado español a que «adopte todas las medidas necesarias para que el Defensor del Pueblo cumpla plenamente los principios relativos al estatuto de las instituciones nacional de promoción y protección de los derechos humanos», en base a los Principios de París.

También llama a que «se establezca un mecanismo adecuado y eficaz para conceder indemnizaciones económicas a las víctimas, a fin de garantizar su derecho a disponer de un recurso efectivo» cuando se registre una conculcación de derechos.

GEBehatokia pide «pasos firmes»

«Entendemos que es preciso dar pasos firmes en las materias apuntadas por el Comité de Derechos Humanos, que operen una transformación eficaz y efectiva en la vigencia y garantía de los derechos de las víctimas de graves vulneraciones por parte del Estado», añade GEBehatokia.

Junto a ello, este organismo avanza que «mantendrá su actitud vigilante y exigente ante la respuesta que el Estado español dé a las recomendaciones del Comité, responsabilidad que supone un acicate para seguir desarrollando nuestro trabajo».

A favor de la amnistía en Catalunya

El informe hace también referencia a la situación en Catalunya, valorando positivamente la amnistía por el procès, aunque muestra su preocupación el excesivo uso de la fuerza en las protestas que se registraron.

También lamenta la falta de una investigación oficial sobre el espionaje de 65 cargos políticos, activistas y figuras públicas usando el programa Pegasus.

Corrupción y violencia machista

El Comité de la ONU también insta al Estado español a tomar medidas contra la corrupción, el racismo y la xenofobia, el discurso y los delitos de odio, la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género o la violencia machista.