Dar una respuesta global a la crisis habitacional, aplicando medidas políticas que impulsen la oferta y económicas para reducir los precios e iniciativas sociales para garantizar los derechos de la ciudadanía, en especial de los y las inquilinas. Esta es la premisa del arquitecto Unai Fernández de Betoño, que este jueves ha presentado en Gasteiz su último libro: ‘Etxearen korapiloa nola askatu. Etxebizitza-politika justurako gakoak’. Un trabajo de 235 páginas editado por UEU de la mano de Ipar Hegoa Fundazioa en el que se recogen una treintena de medidas que, como él mismo ha señalado ante los medios de comunicación, «no son nuevas, pero no se han querido aplicar».

La primera pasa por ampliar el parque destinado al alquiler social, que en la actualidad está formado por 34.400 viviendas en Hego Euskal Herria. La lista de espera es tres veces superior. Hay más de 100.000 personas apuntadas a la espera de una vivienda pública en régimen de alquiler en la que no tengan que invertir más del 30% de sus ingresos mensuales. «Vemos que en la CAV no llegamos al 2,6% y en Nafarroa el 2,1%, y había que cuadriplicar ese porcentaje», ha apuntado, recordando que en Europa el 10% de las viviendas se ofertan en régimen de alquiler social. De hecho, en el caso del Estado francés el porcentaje es del 11% y los jóvenes de Ipar Euskal Herria se emancipan entre cinco y seis años antes que los del sur del Bidasoa. 

Además, según Fernández de Betoño, la ampliación del parque público de vivienda en alquiler daría pie a una caída de los precios y serviría para hacer frente a lo que él mismo ha tildado de triple especulación: una vinculada al suelo; otra al urbanismo, con un retraso intencionado en la construcción por parte de algunas promotoras; y otra financiera, en la que participan bancos y fondos buitre. «Nos dicen que hay que reducir el porcentaje de vivienda protegida porque los promotores no pueden perder dinero, pero no nos dicen cuánto quieren ganar ni cuánto se les quiere dejar ganar», ha aseverado el arquitecto gasteiztarra, que entre 2020 y 2024 fue cargo electo de EH Bildu, primero en el Parlamento y después en el Ayuntamiento de la capital alavesa. 

En este sentido, ha lamentado que haya quien ve la vivienda como un producto financiero, como una herramienta de inversión, y ha recordado que, de momento, solo se ha limitado el precio del alquiler en 24 municipios de Lapurdi. «En Baiona o en Biarritz, por ejemplo, el alquiler no puede ser superior a 12,5 euros por metro cuadrado, y ahora mismo en Donostia la media está en 19 euros», ha aseverado antes de lanzar un mensaje a las instituciones de Euskal Herria sobre los pasos a dar para que pueblos y ciudades sean declaradas zonas tensionadas. «Nos está costando dos años mandar un excel a Madrid», ha dicho en clara alusión a la situación de Gasteiz.

«Una estafa piramidal»

En los que refiera a las medidas sociales, ha insistido en la necesidad de evitar la guetificación, y ha citado ejemplos del pasado como Zaramaga, Otxarkoaga o la ZUP de Baiona. «Habría que intentar dispersar y organizar bien las viviendas de alquiler social. No llevarlas solo a sitios baratos y apartados», ha indicado antes de hablar de las viviendas turísticas, que «están convirtiendo en un gran problema en Donostia, Bilbo y localidades de la costa». «Tiene un uso terciario y se deberían ubicar en suelo destinado a tal uso, no a suelo urbanizable, igual que los hoteles», ha añadido. 

Antes de finalizar, ha censurado que el sector de la vivienda se ha convertido en una estafa piramidal, en la que tiene que entrar de forma continúa esté dispuesta a vivir en las peores viviendas para que otros puedan a escalar. «Pero si no entra nadie, el sistema hace crack, como en el 2008. Y he tratado de presentar treinta medidas para avanzar hacia otro escenario», ha manifestado, haciendo hincapié en que se debe actuar a la vez en todos los frentes.