Los bomberos de la Diputación de Bizkaia dejarán de cobrar por actuaciones en incendios forestales y de viviendas, apertura de puertas con riesgo para las personas, rescates de montaña de nivel «normal», rescate de animales y por intentos de suicidio. Así lo ha decidido este jueves el Consejo de Gobierno de la institución impulsando una nueva Norma Foral de tasas del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS). 

Según ha explicado la portavoz foral, Lexuri Arrizabalaga, la normativa vigente, que data de 1990 con un modificación en 2013, estaba «desactualizada», tanto en el tipo de intervenciones como en la tecnología utilizada o sus costes. La nueva norma garantiza la exención en casos de riesgo vital urgente o de especial sensibilidad social y ofrece una respuesta clara y proporcionada a cada tipo de intervención.

Arrizabalaga ha insistido en que el cambio «no penaliza a la ciudadanía ni a quien sufre una emergencia» y que las tasas se concentrarán en intervenciones de los bomberos que no implican riesgo vital o que «suponen un beneficio» para empresas o para aseguradoras, como en los accidentes de tráfico, incendios industriales, vertidos peligrosos, simulacros o informes técnicos. De este modo, ha señalado que «no se espera un incremento sustancial de ingresos», y ha recordado que las tasas solo suponen el 0,5% del presupuesto de 37,6 millones de los bomberos de Bizkaia.

La Diputación ha detallado diversas actuaciones que a partir de la nueva norma quedarán exentas de las tasas que hasta ahora se pagaban, salvo en caso de ‘negligencia grave’ o intencionalidad. Entre ellas se encuentran, los incendios en viviendas (92 euros ahora), incendio forestal (473 euros), apertura de vivienda con riesgo para la persona que está en el interior (69 euros), rescate de montaña de nivel normal (145 euros), rescate de animales (145 euros) y amenaza de suicidio (35 euros).

Desde la Diputación han añadido que el objetivo de la norma es garantizar la atención a personas y animales en riesgo vital urgente, optimizando los recursos del sistema de emergencias, clarificando la responsabilidad en el pago de servicios. Asimismo, han subrayado que la prioridad consiste en mantener el servicio como una prioridad pública sin coste alguno.