Una laguna jurídica permitió a los responsables de la macrogranja de Caparroso «colar su proyecto de ampliación», según ha reconocido este viernes el consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Nafarroa, Jose Mari Aierdi.

Aierdi ha comparecido en comisión parlamentaria a petición propia para informar sobre la situación administrativa del expediente de ampliación de la explotación ganadera promovida por Valle de Odieta en Caparroso.

En realidad, quien se ha adentrado en el terreno más legal ha sido la directora general de Medio Ambiente, ya que el consejero se ha centrado en asegurar que, frente a macroproyectos como el citado, su departamento prioriza «el modelo de ganadería de corte familiar con los beneficios que tiene para el desarrollo rural y respeto a la biodiversidad».

Ha dado varias cifras sobre el sector lechero en Nafarroa, «el segundo en producción económica», con 162 millones de euros en 2023 y que cuenta en la actualidad con 119 productores de leche de vaca, frente a las 260 explotaciones existentes en el herrialde hace 15 años.

Aierdi ha destacado que se ha producido una concentración en el sector ya que, pese a esa reducción en el número de explotaciones, ha aumentado la producción de leche, que ha pasado de 130 millones de litros a 270 millones, de los que 84 millones, el 30%, los produce la vaquería de Valle de Odieta.

Sobre esta última, el consejero ha señalado que «se ha aprovechado de una circunstancia y cuela un proyecto de ampliación». 

Un solo día

De esta manera se refería a la situación administrativa del expediente, que ha sido detallada por la directora general de Medio Ambiente, Ana Bretaña, quien ha explicado en qué consistía esa «circunstancia» citada por el consejero.

Según ha explicado, el Parlamento de Nafarroa aprobó el 30 de mayo de 2022 una ley por la que se establecía que hasta el 30 de mayo de 2023 no se admitirían solicitudes ni se concederían autorizaciones para la instalación de explotaciones ganaderas de vacuno con una capacidad superior a 1.250 unidades de ganado mayor (UGM). Además, no se admitirían nuevas solicitudes ni se concederían nuevas autorizaciones de ampliación.

Sin embargo, se especificaba que la entrada en vigor de esa ley tendría lugar al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Nafarroa, que tuvo lugar el 31 de mayo, por lo que la norma se aplicaría a partir del día 1 de junio. Por lo tanto, durante ese 31 de mayo había un paréntesis de una jornada que fue utilizado por la empresa para presentar su ampliación. Y la maniobra le salió redonda.

En vista de que eso ya no se podría cambiar y que por ese motivo, el Ejecutivo otorgó la declaración de impacto ambiental para que la macrogranja alcance las 7.900 vacas de leche, Bretaña ha señalado que se va a poner el acento en hacer «un seguimiento importante» a las actividades de la explotación y el cumplimiento de las normativas que le son de aplicación a la hora de conceder la autorización medioambiental integrada.

En el turno de los grupos, el portavoz de UPN, Miguel Bujanda, ha señalado que su formación ya había advertido de que «la moratoria no serviría de nada y que se aprobaría la ampliación», ya que el proyecto presentado por la empresa «era muy sólido y no había base legal para denegar la autorización». Ha achacado al Gobierno «tacticismo político» y ha asegurado que «la norma que dicen antimacrogranjas no sirve».

Desde el PSN, Carlos Mena ha defendido el modo de proceder en este caso del Ejecutivo «para dar seguridad jurídica», para añadir que «la experiencia de Caparroso debe servirnos de lección. Las moratorias son útiles, pero se tienen que usar con criterio, porque pueden frenar la inversión y la innovación».

«Un error de hecho»

Más contundente se ha mostrado el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, quien ha denunciado que «hay un error de hecho» en el expediente de Valle de Odieta, ya que «se ha hecho una interpretación jurídica que se basa en unos hechos que no son ciertos».

En concreto, ha explicado que se partía de la base de que «ya estaban ejecutadas una serie de instalaciones, como la depuradora o las balsas de decantación, que la empresa llevó a cabo sin autorización urbanística ni medioambiental. Hizo las obras de manera ilegal», como lo evidencia el hecho de que hubo autorizaciones que se dieron a posteriori. Unas circunstancias que, ha augurado, pueden dar pie a posibles recursos.

Este último comentario ha sido compartido por Javier Ollo, de Geroa Bai, quien también ha lamentado que «nos hemos encontrado con sustos como este». Y Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha destacado también cómo la empresa se aprovechó de «esa laguna jurídica» para poder realizar su ampliación y ha instado a seguir haciendo un seguimiento pormenorizado de su actividad.