En una comparecencia este sábado en Zorrotzaurre, colectivos sociales han valorado los desalojos practicados el jueves en pabellones abandonados de la Ribera de Deusto y Zorrotzaurre, ante los que han destacado el cambio observado «con respecto a actuaciones precedentes», aunque con reservas sobre si responde a una voluntad real o a «una mera estrategia para conseguir vaciar esos pabellones».

El alcalde de Bilbo, Juan Mari Aburto, señaló este viernes que las 80 personas desalojadas el jueves de los pabellones de Lancor y Consonni, en Zorrotzaurre, se encontraban alojadas y anunció que el Ayuntamiento buscará «proyectos itinerarios individuales para poder desarrollar una incorporación social» de ellas.  

Ongi Etorri Errefuxiatuak y Erriberako Harrera valoran positivamente que se adopten vías en consonancia con lo que venían reclamando, que no se produzcan desalojos sin ofrecer alternativas dignas para las personas que se ven desplazadas a la fuerza.

«Lo que hemos visto hasta ahora nos parece un buen principio», han señalado, pero «tampoco podemos lanzar las campanas al vuelo». Según han indicado, «solo el tiempo dirá si la última actuación municipal se corresponde con una voluntad real o si, por el contrario, se reduce a una mera estrategia para conseguir vaciar estos dos pabellones en concreto con la premura que venían reclamando y con el menor ruido posible».

«No se puede bajar la guardia», han destacado, ya que «el desarrollo del propio Plan urbanístico hace tiempo lleva produciendo episodios similares y nos augura próximos y variados episodios más pronto que tarde». 

A este respecto han recordado que «hace ya más de 20 años de la puesta en marcha de este macroproyecto de ‘regeneración urbana’ y, desde la implementación del mismo, hemos asistido a un sinfín de hitos propagandísticos que, de momento, solo se ven plasmados en el desarrollo real de las grandes promociones inmobiliarias». 

En ese contexto, los colectivos subrayan que de forma silenciada se ha producido «un progresivo incremento de la presión sobre los vecinos que han ido habitando tanto en chabolas como en pabellones abandonados. Siempre han querido dejar claro que estorban en el ‘nuevo Manhatan’».

«Humillación y amenaza»

Según han denunciado, «el acoso» y la «vulneración de derechos: visitas policiales una noche sí y otra también sin ninguna justificación, detenciones ilegales, registros sin garantías, cortes de luz y agua en los pocos sitios en los que había, avisos y notificaciones ‘alegales’ para abandonar el lugar donde viven», han sido una constante.

Han apuntado al respecto que muchas de las actuaciones se han basado en la «humillación y en la amenaza» contra personas en situación de exclusión social. «Un lugar en el que los problemas sociales se abordan únicamente mediante la exclusión y la represión (policial y de todo tipo) está lejos de ser el barrio o la ciudad en la que queremos vivir», han subrayado.

Han recordado, además, que «la legislación vigente reconoce estos lugares como morada, y que incluso una chabola o una tienda de campaña constituyen un domicilio a efectos de protección, por lo que cualquier desalojo exige el cumplimiento de una serie de protocolos y requisitos como, entre otros, notificación y autorización judicial previa».