Euskal Udalekuak Elkartea ha sido denunciada por Vox ante el juzgado de Lizarra por presuntos delitos contra la libertad sexual en los campamentos que organiza esa entidad en Bernedo, Abaigar y Goñi.

Aunque hasta ahora los procesos judiciales públicos se han centrado en los campamentos de Bernedo, estas denuncias apuntan directamente también al campamento de Abaigar y Goñi, con hechos que considera que podrían tener vinculación y conexión con los del otro enclave.

«Por lo tanto –han señalado desde Vox en un comunicado–, existe una base razonable para investigar de modo específico y separado los hechos denunciados en Abaigar, dada su gravedad y la potencial afectación a menores».

Protocolo

El PP también ha intentado sacar tajada de esta cuestión llevándola al Parlamento de Gasteiz, aunque la Cámara rechazó ayer crear una comisión de investigación del campamento de Bernedo y reclamó a las instituciones un protocolo de registro e información de las entidades que trabajan con menores en el ámbito del tiempo libre y del ocio.

El pleno de la Cámara debatió sobre esta cuestión a instancias de la formación de Feijóo, después de que, también a iniciativa de este partido, los consejeros de Seguridad, Bingen Zupiria, y de Bienestar de Lakua, Nerea Melgosa, diesen explicaciones tras las denuncias de familias de niños y adolescentes que han participado en este campamento.

La moción del PP no salió adelante al contar con el único apoyo de Vox, mientras que sí lo hizo la presentada por PNV y PSE con el voto en contra de populares, EH Bildu y Vox, y la abstención de Sumar.

A través de la enmienda aprobada, la Cámara expresa su «más absoluto rechazo y condena», y manifiesta su «firme compromiso con la protección de los derechos de la infancia, adolescencia y juventud».

En concreto, emplaza al Gobierno de Lakua y al resto de instituciones a la creación, junto a las familias y agentes sociales, de un protocolo de registro e información de las entidades que trabajan con menores en el tiempo libre y en el ocio, que debe regirse bajo los principios de «rigor, coordinación y transparencia».

Asimismo, pide que se ponga a disposición de las familias afectadas todos los recursos y medidas de apoyo necesarias para no revictimizar a los menores.

La parlamentaria del PP Laura Garrido consideró que, dado que la Ertzaintza tenía conocimiento de estos hechos desde 2024, lo que al parecer ocurrió el pasado verano «se podría haber evitado».

«Este gobierno lo ha permitido, lo ha tolerado y ha mirado claramente a otro lado. Ha habido connivencia y permisibidad con comportamientos inadmisibles con menores», afirmó Garrido, quien señaló que existen «muchos interrogantes sin resolver».

Desde los grupos que integran el Gabinete de Imanol Pradales, Aitor Urrutia, del PNV, situó el campamento «en el entorno de Bildu», explicó que su partido aboga por que estos hechos los investigue un juez que determine las responsabilidades que haya podido haber y que «el que la haya hecho la pague». «Eso no es transfobia ni fascismo, sino justicia», zanjó tras defender la actuación de las instituciones.

«Carroñerismo» de la derecha

Por su parte, desde el PSE, Pau Basi sí reconoció que ha habido «graves fallos en el sistema», que «no se ha actuado con el rigor necesario» y confió en que la justicia hará su trabajo y en que se reforzarán los protocolos. «Ojo con usar estas cosas para la disputa política de vuelo bajo», pidió.

La representante de EH Bildu Enaitz Saez de Egilaz dejó claro que «la existencia de este udaleku no es un delito» y pidió abordar el tema con seriedad, porque lo relevante es «proteger a los menores». Por ello pidió que la justicia y la Ertzaintza actúen con «la diligencia, rapidez y sensibilidad que exige» esta cuestión, tras criticar el «carroñerismo y el intento de la derecha de instrumentalizar» este caso.

Por último, Jon Hernández, de Sumar, acusó al PP de usar este caso «como arma política», opinó que las instituciones «han fallado», y defendió que lo ocurrido en Bernedo «debe ser juzgado y no se puede repetir, pero no se puede usar para generar discursos de odio y señalar a colectivos».