En 2009 Mikel Astarloza dio una rueda de prensa en el hotel Amara Plaza de Donostia rodeado de sus seguidores para dar explicaciones sobre el positivo por EPO por el que terminó cumpliendo una sanción que duró dos años. 

Un año más tarde era Alberto Contador quien se presentaba junto a su hermano y representante, en el hotel Las Artes de Pinto para hablar de su positivo por clembuterol. Tiempo después sería sancionado por aquellos hechos. «Astana no me ha mostrado suficiente respeto», declaró entonces y al finalizar su contrato firmó por Saxo Bank.

Cuando el jugador del Athletic, Carlos Gurpegui, dio positivo por norandrosterona, el club organizó una rueda de prensa en Lezama con presencia de la plantilla, del director deportivo, Andoni Zubizarreta, y del médico, Sabino Padilla. Después asumió los costes de la defensa del jugador y le renovó el contrato por tres temporadas más, a pesar de que fue finalmente castigado con dos años de sanción.

La apertura de un expediente de investigación por parte de una agencia antidopaje es uno de los mayores temores para cualquier deportista. Más allá de que termine en una sanción o no, saben que significa la pérdida de la presunción de inocencia y la obligación de colaborar en un proceso en el que tendrán que eliminar toda duda respecto a su limpieza.

En el caso de los ciclistas, a esta perspectiva se le añade que, en muchos casos, tendrán que afrontarlo sin el apoyo del equipo y asumiendo los costes de su defensa. Esta es la situación que vive Oier Lazkano desde que, el pasado abril, agentes de la International Testing Agency (ITA) se presentaran en su casa tras haber detectado valores anómalos en su pasaporte biológico.

La eficacia de este método de control antidopaje está reconocida por todas los organismos deportivos, por eso lo fueron incorporando las federaciones de numerosos deportes después de que la UCI lo empezara a utilizar en 2008.

Su éxito se basa en la capacidad para detectar irregularidades que de otra manera sería imposible revelar, fundamentalmente la utilización de EPO sintética y transfusiones de sangre, aunque no siempre identifica directamente la sustancia o el método utilizado.

Esa excepcionalidad del pasaporte biológico es la que permitió poner control en un periodo en el que se expandían los casos de dopaje y se extendieron también las dudas acerca de los resultados deportivos. A diferencia del Estado francés, Italia o Alemania, en el Estado español el consumo de productos dopantes no es considerado un delito penal, como sí lo es el tráfico, el suministro o la facilitación de estos productos.

El deportista, generalmente, se expone únicamente a una sanción deportiva y es en este proceso en el que, con el objetivo de proteger la credibilidad y limpieza de la competición, los deportistas ven limitadas algunas de las garantías habituales en cualquier proceso judicial.

Debilidad estructural

Cuando el pasado abril los agentes de la ITA visitaron a Oier Lazkano, le pidieron su teléfono móvil y su portátil. En caso de haberse negado a entregar este material personal, se habría interpretado como una obstrucción al proceso, lo que es considerado una infracción grave, castigada con la misma sanción que un caso de doping positivo.

Meses después de aquella visita, la UCI hacía público que «el ciclista español Oier Lazkano López ha sido suspendido provisionalmente de acuerdo con las normas antidopaje de la UCI». La suspensión se decidió después de que el Panel de Expertos que ha estudiado su caso determinara que «es muy probable que se haya utilizado una sustancia prohibida o un método prohibido y que es poco probable que el pasaporte sea el resultado de cualquier otra causa».

A partir de ese momento se sucedieron las reacciones habituales en el ciclismo ante un caso de doping. Al día siguiente, el equipo Movistar, al que pertenecía Oier en el periodo investigado por la ITA, emitió un comunicado en el que manifestaba que «era materialmente imposible conocer, o tan siquiera intuir, alguna anomalía como la ahora presentada en el procedimiento abierto por la Unión Ciclista Internacional», al tiempo que reafirmaba su compromiso con un deporte «limpio y transparente». Por su parte, Red Bull-Bora, equipo de Oier en la actual temporada, confirmaba la rescisión de su contrato y su ficha desaparecía de la página web del equipo.

La investigación de la ITA sigue abierta y el corredor tiene derecho a presentar alegaciones que puedan justificar las anomalías encontradas en el pasaporte biológico. El proceso hasta la decisión final puede demorarse en 6 o hasta 12 meses, que podrían prolongarse en caso de que alguna de las partes decidiera apelar al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). El ciclista deberá afrontar su defensa sin el apoyo de su equipo.

En su día, Phonak, Saunier-Duval, Lampre o Rabobank pusieron fin al patrocinio del ciclismo, en algunos casos después de más de una década, cuando varios escándalos de dopaje afectaron a su imagen pública. Esa ruptura significó también la desaparición del equipo y la necesidad de reconstruirlo bajo un nuevo patrocinador.

En los últimos años, los equipos ciclistas han desarrollado sus estructuras financieras y viven una estabilidad que les asegura una continuidad en el tiempo impensable hace apenas una década. Sin embargo, la falta de fuentes de financiación más diversas hace que sigan dependiendo económicamente de los patrocinadores que dan nombre al equipo, quedando en una situación muy vulnerable ante un escándalo de dopaje y en la que los ciclistas terminan siendo el eslabón más frágil.