Un bebé de seis meses, 15 menores y una mujer embarazada integraban el grupo de 26 personas rescatadas el lunes por el Aita Mari y que hoy han podido pisar tierra tras dos días de travesía impuesta, «navegación forzada» como la define SHM. Ha sido en el puerto de Civitavecchia.

Este último rescate del antiguo atunero vasco se produjo el lunes en el Mediterráneo Central, y a más de 400 millas náuticas del lugar en que ha terminado realizándose el desembarco.  

Esta imposición «vuelve a poner en riesgo innecesario a las personas supervivientes y forma parte de las medidas impuestas por el gobierno italiano en virtud del denominado Decreto Piantedosi, que busca justificar la represión que sufren las personas migrantes y criminaliza a quienes ayudamos a las personas que huyen de sus países», explica la ONG que gestiona el Aita Mari. 

El barco llegó a Civitavecchia en torno a las 15.00 y el desembarco «se realizó con total normalidad, y acabó a las 17.30. Esperaban efectivos de la Policía italiana y de la Cruz Roja para atender a las personas rescatadas».

Subraya SMH que «las personas rescatadas en su mayoría son menores y proceden de zonas de conflicto y están huyendo de la violencia que sufren allí. Los países de procedencia son Somalia, Eritrea y Sudán. Aunque huyen de la violencia, tal como hemos podido atestiguar en el Aita Mari, han sufrido cautiverio, torturas y malos tratos en Libia. Como consecuencia de ello se encuentran desnutridos, deshidratados y con infecciones cutáneas derivadas de vivir en condiciones de hacinamiento», detalla. 

Denuncia añadida

SMH ha aprovechado además para denunciar «el ataque a un bote de personas migrantes que presenció el barco de rescate Louise Michel, que nos asistió en el rescate del lunes. El patrullero TS300 libio disparó a 500 metros del bote, obligando a Louise Michel a desistir el salvamento que iba a realizar. Por esta razón, las ONGs que formamos la flota de Justice Fleet nos negamos a colaborar con cuerpos autodeterminados ‘guardacostas libias’». 

«Actualmente Humanity 1 se encuentra detenido provisionalmente en el puerto de Ortona desde ayer –explica–. Preven que en los próximos días llegará una orden de detención. Se les acusa de haber violado la ley Piantedosi por no comunicarse con el JRCC (Coordinacion de Rescate Conjunto de Libia) a pesar de encontrarse en la zona SAR de Libia. Como parte de la flotilla Justice Fleet, el SOS Humanity suspendió, deliberadamente, la comunicación ya que la supuesta Guardia Costera Libia no la consideran un agente legítimo de búsqueda y rescate, tal y como confirmó este año el Tribunal italiano de Catanzaro». 

Como resumen de la situación, la ONG reivindica que «en un contexto en el que la Unión Europea refuerza su Pacto Migratorio con Libia y externaliza la gestión de fronteras a países donde se vulneran los derechos humanos, salvar vidas en el mar es un deber humanitario innegociable y nunca puede convertirse en un delito».