En un comunicado, Saretxe Etxebizitza Sindikatua ha indicado que el juez ha aceptado su recurso y ha decidido «paralizar de manera definitiva el desahucio» de una familia que reside en el barrio donostiarra de Gros.

Saretxe ha explicado que «el fondo buitre Azora incrementó la renta acordada inicialmente, posteriormente obligó a los inquilinos a pagar un seguro de impago de dudosa legalidad y, como consecuencia, tuvieron que abonar mensualmente una cantidad muy superior a la prevista».

A ello ha añadido que Azora «no garantizaba el mantenimiento de la vivienda y la familia tuvo que hacerse cargo de reparaciones de la caldera, humedades y filtraciones, a pesar de que, según la Ley, esa responsabilidad corresponde al propietario».

Saretxe ha lamentado que «desde que en 2020 el fondo buitre Azora adquirió Inmobiliaria Vascongada, la situación ha empeorado» y «la relación entre los vecinos y la propiedad se ha deshumanizado por completo», lo cual «afecta directamente a las condiciones de vida de las familias que habitan estos pisos, así como a su salud».

Desde el sindicato han advertido de que seguirán «luchando para eliminar las cláusulas abusivas», al tiempo que han defendido que «la herramienta más eficaz para defender el derecho a la vivienda y combatir su carácter de mercancía dentro del capitalismo es la organización».