El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno de Lakua, Mikel Jauregi, propondrá al Gobierno español «revisar las distorsiones que encarecen la factura energética y que limitan la competitividad de la industria mediante medidas regulatorias claramente favorables hacia los sectores industriales electrointensivos».

También ha abogado por acelerar inversiones en infraestructuras y en tecnología energética para «reducir los costes eléctricos finales que pueden llegar a ser, para la industria vasca, un 165% más caros que en Francia y un 35% más que Alemania».

El PNV bloqueó el año pasado en el Congreso español la continuidad del impuesto extraordinario a las eléctricas, lo que le valió las críticas de EH Bildu y de Podemos, que acusaron a los jeltzales de plegarse a los intereses del Repsol de Josu Jon Imaz.

Jauregi ha hecho estas consideraciones en el tercer encuentro del Foro Gran Vía, espacio de diálogo impulsado por la Fundación Bancaria BBK para reflexionar sobre los grandes retos de Bizkaia y la CAV, que ha reunido a responsables empresariales, institucionales, políticos y sociales.

En su intervención, el consejero ha asegurado que el objetivo como Gobierno de Lakua es que «el precio final de la electricidad abonada por la industria sea tan competitivo como el del resto de Europa», todo ello «sin poner en riesgo la transición energética, ni las inversiones en la red eléctrica», ya que, en su opinión «son imprescindibles para la electrificación y la descarbonización industrial».

Afecta a la industria electrointensiva

Tras asegurar que el diferencial entre los precios de la electricidad frente a países como el Estado francés o Alemania «impacta de manera clara a la competitividad» del sector electrointensivo vasco, donde la factura eléctrica puede suponer hasta el 50% de los costes de producción, el consejero ha subrayado que «cualquier variación tiene un impacto terrible en la competitividad» de la industria de la CAV. «Debemos cambiar esta realidad», ha subrayado.

Jauregi ha explicado que, a pesar de que en la península Ibérica se genera «una de las energías eléctricas más baratas de Europa» gracias a los recursos renovables abundantes, el precio final que paga la industria vasca es «mucho más alto, en comparación con otros países europeos», debido a «elementos ajenos al coste de generación como impuestos, peajes o el menor uso de exenciones».

Reducción de impuestos

En este sentido, se ha referido a los costes regulados, cargas fiscales, como el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aportaciones obligatorias a fondos –como el de Eficiencia Energética–, y costes del sistema «que podrían cubrirse mediante los Presupuestos Generales del Estado».

Ante esta situación, el consejero vasco ha ofrecido la colaboración del Gobierno de Lakua al español para aplicar las medidas que fomenten la competitividad de la industria, «y que ya existen en otros países de Europa», que requerirán de una coordinación interministerial entre los ministerios de Hacienda, Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Industria y Economía. «Es cuestión de ponernos todos a trabajar en ello desde la colaboración. Este es el llamamiento que hacemos al Gobierno español», ha precisado.

Sin embargo, ha puntualizado, hay que acometer todo ello «sin poner en riesgo la transición energética, ni las inversiones en la red eléctrica», ya que son «imprescindibles para la electrificación y la descarbonización industrial».

«Para que nuestra industria electrointensiva –metalurgia, el aluminio, sectores químicos, papeleros, del vidrio, o automoción– gane en competitividad, la palanca más efectiva que podemos activar en el Estado es la equiparación del coste eléctrico final con nuestros principales competidores europeos en Francia y Alemania», ha reseñado.

Medidas para homologar

En concreto, el consejero de Industria del Gobierno de Lakua ha propuesto varias medidas para simplificar la factura y reducir el coste final a que debe hacer frente la industria en el Estado.

Por un lado, medidas fiscales como la supresión del impuesto del 7% a la generación eléctrica. «Solicitamos que este impuesto que grava el valor de la energía eléctrica se modifique al valor a 0%», ha apuntado.

Además, ha propuesto la exención de los peajes de Transporte & Distribución (T&D) del 80% para los consumidores electrointensivos y que se incluya en la metodología de peajes eléctricos que este año debe publicar la CNMC.

Por último, ha reclamado medidas regulatorias como la maximización de las ayudas por los costes indirectos del CO2, en las que se podría destinar hasta un 25% de los ingresos procedentes de las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero para la compensación de los efectos de los costes indirectos por estas emisiones, ligadas al consumo de electricidad.