Los comités de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio y de Trapagaran se han reunido con las instituciones por primera vez este viernes. Después de tres horas con representantes del Gobierno de Lakua, de las diputaciones de Araba y de Bizkaia y los alcaldes de Amurrio y de Trapagaran, los trabajadores han lamentado que «ellos centran todo el problema en reestructurar la deuda» de la empresa.

Por parte de las instituciones han estado presentes en la reunión el viceconsejero de Promoción Industrial de lakua, Andoitz Korta; la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo; la diputada foral de Desarrollo Económico y Sostenibilidad de Araba, Saray Zarate; la diputada foral de Promoción Económica de Bizkaia, Ainara Basurko; el alcalde de Amurrio, Txerra Molinuevo; y el alcalde de Trapagaran, Miguel Ángel Gómez.

Durante la reunión y entre un amplio dispositivo policial, trabajadores de Amurrio se han concentrado desde primera hora ante la sede de Lakua, donde han denunciado el ERE para 301 trabajadores, en el marco de la jornada de huelga de 24 horas que han convocado.

En la concentración, los trabajadores han portado una pancarta en la que se podía leer ‘Lan suntsiketarik ez. No a los despidos. ERErik ez’ y han mostrado su oposición a las medidas de la empresa.

Esta cita se produce después de que este pasado lunes la empresa comunicara al comité su plan de viabilidad antes las dificultades que atraviesa, con unas pérdidas provisionales de 71,3 millones en 2025. Entre las medidas anunciadas está el ERE para 301 trabajadores de las plantas de Tragapagaran y Amurrio, siendo la alavesa la fábrica más afectada con 274 de los despidos previstos y donde, además, va a cesar la actividad de la acería.

Según ha lamentado Andres García (UGT), presidente del comité de empresa de Amurrio, «hemos preguntado varias veces si van a mantener el ERE, con lo que conlleva, y no nos han contestado». Ha añadido que no han avanzado ninguna información sobre la mencionada «reestructuración» de la deuda.

Ha destacado que entre los dos comités sus intenciones son comunes porque «al final son despidos», independientemente del número de trabajadores de los que se pretenda prescindir en cada planta: «Hablamos de familias y no hay una más importante que otra».

Aunque no se ha fijado una fecha para el próximo encuentro con las instituciones, García ha subrayado que «que se avance de una forma u otra es bueno» y que han emplazado a los comités a otras reuniones. «Su primer objetivo es reestructurar la deuda y a partir de ahí se harán otras cosas que se irán sucediendo», ha explicado García, que sí que ha visto disposición a negociar en la reunión de este viernes.

Por su parte, Oier Bidaurratzaga, representante de LAB en Tubos Reunidos de Amurrio, ha declarado que salía de la reunión con una «sensación agridulce». Según ha explicado, las instituciones han insistido en que la cuestión reside en la deuda, sin responder a las preguntas sobre el ERE. Por ello, para Bidaurratzaga «no hemos visto implicación» y «continuaremos activando la respuesta».

«Muy improbable» encontrar inversores, según Lakua

Tal y como han informado desde el Gobierno de Lakua «los representantes institucionales han convocado a los miembros del comité de empresa para trasladarles su solidaridad con la situación de los trabajadores y sus familias, y para escuchar y conocer de primera mano la posición del comité respecto al ERE anunciado por la empresa».

Explican que durante la reunión, se ha comunicado que Lakua está dispuesto a aceptar a una reestructuración de los 16 millones de euros de deuda con Tubos Reunidos. «Siempre de la mano de otros acreedores y haciendo un esfuerzo proporcional», dicen.

No obstante, han remarcado que con el nivel de deuda actual es «muy improbable» encontrar inversores privados dispuestos a apostar por Tubos Reunidos.

Desde la Diputación Foral de Araba se ha trasladado que estará dispuesta a reestructurar cualquier obligación de pago pendiente que la empresa mantenga con la institución, así como a acompañar en un proyecto industrial público-privado que garantice el futuro de la empresa.