La polémica a raíz de los ceros obtenidos por varios estudiantes en el examen de Euskara de la PAU ha abierto un debate que trasciende el ámbito educativo. La decisión de varios juzgados de ordenar que, de forma cautelar, no se tenga en cuenta esa nota y las reacciones políticas han situado el sistema de acceso a la universidad en el centro de la diana y generado gran malestar entre la ciudadanía. El rector de EHU, Joxerramon Bengoetxea, expone la posición de la Universidad ante la controversia generada.

Desde EHU se ha defendido desde el principio que el proceso de corrección fue correcto. ¿Lo reafirma? 

Sí, no tenemos ninguna duda. Hemos seguido a rajatabla las disposiciones del Real Decreto 534/2024 que establece el sistema de corrección de las pruebas de idiomas y, además, la organización de los tribunales en las mesas y la asignación de los distintos centros educativos a esas mesas se ha realizado exactamente igual que en años anteriores. No ha habido ninguna modificación en la organización práctica de las pruebas; se ha hecho exactamente igual que en los años anteriores.

Además, el propio sistema previsto por el real decreto es muy garantista. Si un estudiante no está de acuerdo con la primera corrección, puede solicitar una revisión, y esta es realizada por una persona distinta que no ha tenido ningún contacto con la anterior. Si entre ambas calificaciones existe una diferencia superior a dos puntos, intervienen una tercera y una cuarta persona para establecer la nota definitiva. Todo ello ofrece muchas garantías.

«Un cero no significa que una persona no sepa nada de euskara. Significa que ese examen concreto presenta tantos errores que la calificación es un cero»

Desde algunos sectores se ha llegado a argumentar que algunos alumnos que han sacado un cero sí acreditan un determinado nivel de euskara a través de títulos oficiales.

Un cero en este examen no significa que una persona no sepa euskara. Significa que ese examen concreto presenta tantos errores que la calificación obtenida es un cero o una nota muy próxima a cero. Son dos cosas distintas. Una persona puede tener un determinado conocimiento de euskara y, sin embargo, no alcanzar el nivel que exige la prueba de Euskara eta Literatura II para acceder a la universidad. Igual que ocurre con cualquier otra asignatura.

Si alguien cree que tiene un nivel superior al demostrado, puede volver a presentarse a la convocatoria extraordinaria para intentar mejorar la nota. Hay alumnos que ya lo han hecho y lo valoramos. 

¿Cómo interpreta las medidas cautelares adoptadas por varios jueces? ¿Las considera justas?

Ya hemos dicho públicamente que acataremos, como no podemos hacer de otro modo, las resoluciones judiciales, pero no estamos de acuerdo con ellas por dos motivos:

El primero es que nos exigen hacer algo que, en nuestra opinión, el propio real decreto no permite: dejar de tener en cuenta la nota de Euskara para calcular la calificación media. La normativa establece que en las comunidades con lengua cooficial son cinco las pruebas que computan para esa nota media y en nuestro caso esa quinta es, necesariamente, la asignatura de Euskera eta Literatura.

El segundo motivo es que nos obligan a reservar plazas, algo que, además de prematuro, no puede hacerse de manera genérica, porque primero habría que conocer a qué titulaciones quieren acceder esos estudiantes y si cumplen las notas de corte correspondientes, incluso habiendo removido el examen de euskera de la calificación media.

Pero, sobre todo, discrepamos porque los autos se apoyan en una supuesta admisión por parte de la Universidad de que no se respetaba el anonimato en la corrección. Eso es absolutamente incorrecto. 

«Les hubiera bastado con contrastar esa información con la propia Universidad o en cualquier otra noticia sobre mis declaraciones»

Fue a partir de la información de un medio de comunicación, en la que se le ha acusado precisamente de decir que no existía anonimato en las correcciones.

Los autos se apoyan en una noticia no contrastada de un medio de comunicación concreto, ‘El Mundo’, que había informado de una forma incorrecta sobre lo que yo dije en una rueda de prensa. Lo que expliqué es que, evidentemente, es posible saber cuáles son los diferentes centros educativos que están en un determinado tribunal, pero, cuando un corrector está calificando un examen, no tiene forma de saber de qué persona es ni a qué centro pertenece, porque los dos datos están codificados. 

Por lo tanto, pensamos que el fundamento principal para solicitar estas medidas cautelares cae por su propio peso, porque parte de una premisa errónea, que es que no se respeta el anonimato; eso es falso, el anonimato se respeta.

Yo creo que lo fundamental es que una resolución judicial contraste las informaciones sobre las que se están apoyando para adoptar una decisión. Les hubiera bastado con contrastar esa información con la propia universidad o con cualquier otra noticia respecto a esa rueda de prensa que yo di. La única mención que hacen es de este periódico en concreto, como lo hace el propio abogado que introdujo el recurso. Hemos solicitado la rectificación de ese medio de comunicación.

Si finalmente la sentencia da la razón a la universidad, ¿qué ocurrirá con los estudiantes beneficiados por estas medidas cautelares?

El propio auto deja claro que no se trata de una reserva definitiva de plaza, sino provisional. Si finalmente se determina que la nota de Euskara debía formar parte de la calificación media, esa nota se recalcularía y, si como consecuencia ya no alcanzaran la nota necesaria para acceder al grado en el que se hubieran matriculado, perderían automáticamente esa plaza. Solo la conservarían si, aun incluyendo la nota de Euskara, siguieran teniendo suficiente puntuación para acceder.

«Si la sentencia da la razón a la universidad, quienes hayan accedido gracias a la medida cautelar perderán automáticamente la plaza»

¿Le preocupa que esta decisión judicial pueda sentar un precedente?

Sí. En este caso, además, existía otra vía. El real decreto permite que, si un estudiante no está conforme con la calificación final tras las revisiones, pueda acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para cuestionar esa corrección concreta y que dicte un nuevo análisis de la calificación del examen. Sin embargo, no se ha seguido ese camino, sino que se ha planteado que existe una vulneración del principio de igualdad. En cualquier caso, será algo que habrá que determinar cuando se entre en el fondo del asunto. Nosotros estamos convencidos de que no fue así y de que las calificaciones se ajustaron a los criterios previamente establecidos.

¿Cree que ha habido una desproporción entre los hechos conocidos y el impacto mediático del caso?

Sobre el impacto mediático, prefiero no pronunciarme. Es lógico que exista un interés social por conocer cómo funciona el acceso a la universidad, cómo se desarrollan estas pruebas y cuál es el nivel de euskara de nuestros estudiantes que optan a la universidad. Ese interés es legítimo.

¿Le preocupa que se haya puesto el foco exclusivamente en Euskara? Si esta misma situación se hubiera producido con Inglés, Castellano u otra asignatura, ¿cree que la reacción política, judicial y mediática habría sido la misma?

Yo ahí tengo mis opiniones personales, pero institucionalmente no tengo nada que decir al respecto. Hay distintas lecturas que se están haciendo, y las respeto.

«Las manifestaciones de distintos partidos demuestran que el debate ha trascendido el ámbito jurídico o académico»

¿Tiene la sensación de que EHU ha acabado en el centro de un debate político que gira en torno al modelo lingüístico vasco? 

Sí, es evidente que ese debate existe, aunque desde la Universidad no lo hemos buscado en absoluto. No voy a entrar en valoraciones políticas, pero las manifestaciones realizadas por distintos partidos demuestran que el debate ha trascendido el ámbito estrictamente jurídico o académico.

Nosotros lo único que hacemos es aplicar la legislación vigente. Esa legislación establece que en las comunidades con lengua cooficial debe realizarse una prueba de esa lengua. Aplicamos las normas, y los criterios de corrección son los mismos para todos.

El Departamento de Educación ha planteado revisar el sistema de organización de la PAU. ¿Habrá cambios?

Nos reuniremos con el Departamento de Educación la próxima semana. Pero el marco general de organización de la PAU está fijado por el Real Decreto 534/2024 y cualquier modificación de esa norma no depende ni de nuestra decisión ni de nuestra competencia.

 Otra cuestión es que podamos analizar conjuntamente la organización práctica de las pruebas y estudiar posibles mejoras si se considera necesario.

Siempre estaremos dispuestos a dialogar y a trabajar conjuntamente con el Departamento de Educación, que también es corresponsable del proceso. De hecho, la mayoría de las personas que corrigen las pruebas proceden de enseñanza secundaria.

En cualquier caso, eso no afecta a la corrección, porque todos aplican los mismos criterios establecidos.

¿Ha echado en falta un respaldo institucional más claro por parte del Gobierno de Lakua?

Nosotros hemos defendido desde el primer momento que todo el procedimiento se ha desarrollado conforme a la normativa. Creo que eso no se debe poner en cuestión. Cada institución hace las declaraciones que considera oportunas, pero, cuando ha sido necesario, hemos trabajado conjuntamente para encontrar una solución que permitiera cumplir las resoluciones judiciales, alterando lo menos posible el proceso de acceso a la universidad.

¿Cómo es la relación entre la universidad y el Departamento de Educación?

La relación institucional con el Departamento de Educación es buena y mantenemos una comunicación permanente. Las dos instituciones compartimos la responsabilidad de organizar estas pruebas y, desde la universidad, seguiremos defendiendo una colaboración estrecha.