El Consejo de Ministros del Gobierno español ha admitido que el CNI espió casi medio año el teléfono del exdiputado de la CUP David Fernàndez, algo que los servicios secretos no habían reconocido hasta ahora, y durante dos el del exparlamentario de la formación Carles Riera, con autorización del Tribunal Supremo.

El Consejo de Ministros ha remitido un informe que levanta el secreto de la información clasificada relativa al espionaje a ambos exdiputados de la CUP, a petición del titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, que investiga la querella que estos presentaron por las infecciones a su móvil con Pegasus destapadas por el laboratorio Citizen Lab. En ese trabajo también se constató que Arnaldo Otegi había sido espiado.

En concreto, el Gobierno informa al juzgado de que el CNI, de forma legal y autorizada judicialmente por el juez del Supremo encargado del control de los servicios secretos, «interceptó» las comunicaciones de ambos diputados por posibles «actividades contrarias a la seguridad nacional».

En el caso de David Fernàndez, el espionaje duró cerca de año y medio, entre el 18 de diciembre de 2019 y el 2 junio de 2020 –tras la sentencia del procés–, cuando ya hacía años que había dejado de ser diputado pero seguía vinculado a las movilizaciones del independentismo y, en concreto, a Òmnium Cultural.

Fernàndez no constaba en la lista de 18 espiados por el CNI que la exdirectora del CNI Paz Esteban, investigada a raíz de seis querellas presentadas por afectados del caso Pegasus y que fue destituida a raíz del caso, facilitó en mayo de 2022 a los grupos del Congreso en el marco de una comisión celebrada a puerta cerrada.

En la lista sí figuraba el espionaje a Carles Riera, quien el Consejo de Ministros admite ahora que fue objeto de intervención telefónica, también con autorización judicial, entre el 23 de junio de 2020 y el 24 de mayo de 2022, etapa que coincide parcialmente con su cargo de diputado en el Parlament.

Por el contrario, el Gobierno español niega en su informe que el CNI espiara al exdiputado de la CUP Albert Botran, pese a que los informes técnicos de Citizen Lab hallaron también rastro de Pegasus en su móvil y una pericial de los Mossos d'Esquadra localizó un «indicador de compromiso» en su teléfono, en diciembre de 2019.

La pericial de la Policía catalana puntualizaba, no obstante, que ese «indicador de compromiso» hallado en el móvil de Botran no implicaba necesariamente la «detección automática» del programa malicioso Pegasus, un software que la empresa israelí NSO comercializa en principio a Estados.

Con el fin de realizar un análisis más detallado, los Mossos señalaban en su informe que tendrían que disponer del terminal de Botran para extraer la información vinculada con Pegasus, y no únicamente una copia de su contenido ante notario.

Desclasificación

La desclasificación de información secreta del Consejo de Ministros habilita expresamente a la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, a informar sobre «la naturaleza» de las actividades de Riera y Fernàndez que motivaron la interceptación de los teléfonos móviles y también le permite responder sobre el ataque al móvil de Botran, al no constar que fuera espiado por el CNI. 

No obstante, el Gobierno español dispone la «ocultación expresa» de los fragmentos de los autos del Supremo que autorizaron el espionaje cuando permitan desvelar «las actividades, medios y procedimientos y fuentes de información del CNI», lo que en la práctica impide que Casteleiro responda sobre cuestiones técnicas relacionadas con el uso de Pegasus por parte de los servicios secretos. 

A la causa abierta por el espionaje a los exdiputados de la CUP, representados por el abogado y también exparlamentario de la formación Benet Salellas, se suman otras nueve investigaciones que tienen en sus manos distintos juzgados de Barcelona sobre el uso de Pegasus en móviles de políticos y activistas independentistas.

Reacción de la CUP

Tras conocer la noticia, la portavoz de la CUP Su Moreno ha reclamado «responsabilidades políticas y penales» por este nuevo caso de espionaje político.

Para Moreno, esta confirmación del espionaje a los exdiputados de la CUP representa «un escándalo» que demuestra que «el Estado español utiliza sus servicios de inteligencia para perseguir y criminalizar la disidencia política», a través de una «estrategia sostenida de guerra sucia». 

Queda probado, ha dicho la portavoz de la CUP, que «el 'Catalangate' no era una teoría» sobre un supuesto espionaje político al independentismo, sino una «operación de Estado» con «estructuras que actúan con opacidad e impunidad». 

Ante estos hechos «muy graves», ha exigido la «desclasificación de toda la información» y la comparecencia de los «máximos responsables del CNI y del Gobierno español implicados» para dilucidar qué «responsabilidades políticas y penales» habría que asumir.