La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este jueves con el apoyo del PSOE, Sumar y los socios de la investidura, la abstención del PP y Junts y el rechazo de Vox, la proposición de ley para conceder la nacionalidad a los nacidos en el Sáhara Occidental bajo administración española y los descendientes de quienes la adquieran. Según Sumar, podrían acogerse a ella unas 80.000 personas.

No obstante, la previsión es que su aprobación por el Pleno se produzca ya en el nuevo periodo de sesiones, que arranca en septiembre. Tras esa votación, se enviará al Senado, para que continúe allí su tramitación.

Requisitos

La condición de saharaui nacido en esas circunstancias se acreditará por DNI (aunque no se encuentre vigente), recibo de inscripción en el censo para el Referéndum del Sahara Occidental expedido por la ONU, certificado de nacimiento debidamente «apostillado o legalizado» y el libro de familia o documentos que acrediten la condición de empleado público expedidos por la administración española en la excolonia. El PSOE no ha aceptado dar por buenos los papeles emitidos por el Frente Polisario, que no está oficialmente reconocido como autoridad.

Según una de las transaccionales aprobadas este jueves en la comisión, citada por Europa Press, adicionalmente, la condición de saharaui nacido en estas circunstancias se podrá acreditar, también por los siguientes medios «valorados en su conjunto»: «certificado de escolarización, pensiones de jubilación, permiso de conducir español y certificados de hospitalización y asistencia médica, así como cualquier otro documento de una autoridad administrativa española en el que figure el nacimiento en la excolonia antes del 29 de septiembre de 1977».

Esta es la fecha en la que venció el plazo de un año que tuvieron los saharauis para solicitar la nacionalidad tras la marcha de las autoridades españolas. En la ley se reconoce que para entonces la administración española ya había salido del territorio, lo que hizo imposible el ejercicio efectivo de esa opción, como reconoció el propio Tribunal Supremo.

Menos tiempo para la entrada en vigor

Además, se ha incorporado otra transaccional que establece que la ley entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), dos meses antes de lo fijado en el texto inicial. La solicitud para la adquisición de la nacionalidad no estará sujeta a gravamen alguno y se presentará en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la norma.

Esta iniciativa estuvo más de un año en la ‘nevera’ del Congreso y Sumar llevaba desde abril tratando de reactivarla, ofreciendo a los grupos progresistas una propuesta de enmiendas transaccionales que agrupara las distintas aportaciones.

Durante el mes de junio, los dos partidos que integran el Gobierno de coalición acercaron posturas y acabaron pactando una serie de cambios en la redacción original que fueron avalados el 30 de junio por la ponencia con apoyo de los socios de izquierda, mientras que Junts optó por la abstención. El PP, que inicialmente era favorable a la iniciativa, y Vox votaron en contra, pero quedaron en minoría.

Dos años de residencia

«No estamos regalando la nacionalidad, sino devolviendo un derecho histórico que fue arrebatado», ha subrayado durante el debate el portavoz de Sumar y diputado de IU Enrique Santiago, quien se ha congratulado de que se acabe con «la discriminación que sufría el pueblo saharaui para adquirir la nacionalidad española por residencia», pues los diez años de estancia en el Estado español exigidos hasta ahora para optar a la nacionalidad se van a reducir a dos, como rige para otros colectivos con vinculación histórica, como los sefardíes, guineanos, filipinos, portugueses o iberoamericanos.

Los grupos que apoyan al Ejecutivo, pero también el PP y Vox, han aprovechado este trámite para volver a recriminar al Gobierno su abandono de la tradicional posición española sobre el Sáhara al avalar la propuesta de autonomía lanzada por Marruecos y para reivindicar el derecho de la población saharaui a celebrar un referéndum de autodeterminación.

Reproches

Artemi Rallo (PSOE) ha defendido que su partido mantiene desde hace cinco décadas un «compromiso histórico con la causa saharaui desde hace 50 años» y ha acusado al PP de «jugar a confundir» con este tema, pues inicialmente apoyó la tramitación de la ley, pero después, a su juicio, ha demostrado que lo hicieron por «tacticismo y oportunismo» porque en realidad son «indiferentes a la causa saharaui».

La réplica se la ha dado la portavoz del PP, María Jesús Moro, quien le ha restregado que el PSOE votó en contra de la toma en consideración argumentando que no estaba de acuerdo con la concesión de la nacionalidad por «carta de naturaleza», una vía que ahora sí acepta. «No vamos a obstaculizar, pero no tragamos con sus enredos», ha recalcado Moro, destacando que la ley no habría llegado hasta aquí si el PP no hubiera votado a favor de su toma en consideración en el Pleno.

Francesc Marc Álvaro Vidal, de ERC, ha subrayado que esta medida «llega tarde». «Hacemos un acto de justicia, pero esto es el mínimo común del imperativo que tenemos, lo que queda es intentar contribuir a que el pueblo saharaui pueda votar su futuro», ha comentado, en la misma línea que Jon Iñarritu, de EH Bildu.

Desde Junts, Josep Pagès ha destacado que la concesión de la nacionalidad para los saharauis es una cuestión de «justicia, reparación histórica y responsabilidad humanitaria ineludible», pero ha criticado la «instrumentalización política» que, a su juicio, han hecho el PSOE y el Gobierno de la causa del pueblo saharaui, resucitando esta norma «deprisa y corriendo» en pleno mes de julio tras tenerla «un año y medio en el congelador».

También la diputada de Podemos Martina Velarde ha avisado de que la concesión de la nacionalidad no puede convertirse en «moneda de cambio para que el PSOE pretenda lavar su vergonzoso giro político sobre el Sáhara». «El pueblo saharaui no necesita que le demos una mano mientras le atamos la otra a los intereses diplomáticos de Marruecos», ha sentenciado.

De su lado, Mikel Legarda (PNV) se ha felicitado de que con esta ley se vaya a «salvar, al menos en parte, una responsabilidad histórica y una profunda deuda moral con el pueblo saharaui».

Tanto el PP como Vox han puesto en duda las garantías con las que se va a llevar a cabo el proceso de nacionalización. Desde Vox, Carlos Flores Juberías también ha cuestionado los efectos de la medida, pues asegura que animará «a muchos saharauis a cruzar el Estrecho y entrar en nuestro país».

Además, ha denunciado que esta norma llega en un momento en el que, a su juicio, el Gobierno español «está regalando nacionalidades españolas, pasaportes y derecho al sufragio a paladas, entre personas que carecen de cualquier vinculación propia con nuestro territorio».