51 años después de la muerte de Josu Mujika en Madrid, su caso ha dado un nuevo paso tanto en el terreno institucional como en el judicial. Coincidiendo con el aniversario de aquellos hechos, GEBehatokia ha anunciado este jueves que el Gobierno español ha emitido una declaración individual de reconocimiento y reparación al legazpiarra en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, al tiempo que ha informado de nuevos avances en la querella que se tramita en un juzgado de Madrid por su muerte.

La resolución del Ministerio declara «ilegal e ilegítimo el tribunal que lo juzgó» y considera «ilegítimas y nulas las condenas, sanciones o resoluciones dictadas, tanto judiciales como administrativas». Este reconocimiento se suma al otorgado previamente por Lakua, que ya había señalado a Mujika como víctima de vulneraciones de derechos humanos por motivación política.

El reconocimiento fue entregado a la familia durante un acto celebrado en Legazpi. En el homenaje participó también el músico Rogelio Botanz, quien interpretó ‘La canción del triste final’, compuesta hace medio siglo tras la muerte del joven legazpiarra.

Junto a ese reconocimiento institucional, GEBehatokia destaca el recorrido que mantiene abierta la vía judicial. La querella presentada en 2024 continúa su tramitación como diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, que la admitió a trámite y ha abierto distintas líneas de investigación.

Identificación de los autores

En ese contexto, GEBehatokia asegura haber identificado al policía al que «atribuye» la muerte de Josu Mujika y afirma que se trata de la persona que aparece ocultándose bajo el seudónimo de ‘Comisario Daniel Abad’ en el libro ‘Yo maté a un etarra’, escrito por Jorge Cabezas. El observatorio avanza que facilitará esa identidad al juez instructor dentro de las diligencias abiertas.

Asimismo, ha informado de la identificación de cuatro mandos que, según mantiene, tuvieron responsabilidades en el operativo desarrollado en Madrid en el que murió Mujika: Juan Valverde Díaz, entonces jefe de los servicios de inteligencia SECED; Federico Quintero Morente, teniente coronel del Ejército; Carlos Anechina Checa, jefe superior de Información en Madrid; y José García Valiño, comisario de la Brigada de Información, al que sitúa entre los inspectores que participaron directamente en el dispositivo.

GEBehatokia enmarca estos avances en una investigación sobre la «ejecución extrajudicial» de Mujika durante una operación policial en la que, según expone, participó también Mikel Lejarza, conocido como ‘El Lobo’, infiltrado en ETA bajo el alias de ‘Gorka’.

Sin «acceso efectivo» a la justicia

Más allá de las novedades concretas del caso, GEBehatokia ha reivindicado la necesidad de avanzar hacia la «verdad judicial». La entidad sostiene que las víctimas de actuaciones atribuidas al Estado han ido obteniendo reconocimiento institucional mediante diferentes leyes, pero considera que ese proceso «no ha ido acompañado de un acceso efectivo a la justicia».

En ese sentido, valora positivamente la admisión a trámite de la querella por el juzgado madrileño, aunque sostiene que el recorrido de este tipo de procedimientos continúa siendo «tortuoso». A juicio de la organización, la Ley de Memoria Democrática reconoce estos hechos como crímenes contra la humanidad, mientras que, según denuncia, los tribunales continúan aplicando la Ley de Amnistía de 1977 para rechazar investigaciones sobre hechos ocurridos durante el franquismo y los primeros años tras la muerte del dictador Francisco Franco.

GEBehatokia defiende que los mecanismos de reconocimiento impulsados por los gobiernos vasco y español han permitido consolidar una «verdad institucional» sobre numerosas vulneraciones de derechos humanos. Sin embargo, considera que esas normas carecen de capacidad para satisfacer las demandas de justicia penal, al tratarse de procedimientos administrativos.

Una justicia no punitiva

Sostiene además que existe una «asimetría» entre el tratamiento dispensado a las víctimas de ETA y a las víctimas de actuaciones de distintos aparatos del Estado español. Expone que, mientras las primeras han contado con instrumentos judiciales para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades, las segundas «han carecido de mecanismos eficaces de investigación judicial», una situación que ha limitado el ejercicio de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Como conclusión, GEBehatokia afirma que las víctimas del Estado «no persiguen una justicia de carácter punitivo», pero sí consideran «imprescindible» recorrer las vías que ofrece la jurisdicción penal para esclarecer los hechos, determinar eventuales responsabilidades y obtener una verdad judicial que complemente los reconocimientos institucionales ya obtenidos en casos como el de Josu Mujika.