Es 2021 y en el planeta judicial sigue habiendo tres versiones sobre la muerte de Zabalza

En febrero todo quien quiso pudo oír la conversación entre el agente de Intxaurrondo Pedro Gómez Nieto y el entonces jefe del Cesid Juan Alberto Perote, en el que el primero contaba cómo murió Mikel Zabalza en Intxaurrondo. Poco después llegaba a las pantallas ‘Non dago Mikel’, la película documental que también aporta múltiples indicios y datos que apuntan a la tortura. Y este martes se ha presentado la traducción al euskara de ‘La sombra del nogal’, donde Ion Arretxe contó en detalle cómo fue torturado a la vez e igual que Zabalza, aunque él pudo sobrevivir. Sumando todo ello, lo que ocurrió en ese cuartel con el joven de Orbaitzeta resulta tan evidente a estas alturas que el entonces vicepresidente español Pablo Iglesias fue al estreno y reconoció la lacra de la tortura sistemática, e incluso voces dentro del PSOE han instado a asumir ya este caso.

Una verdad tan asumida públicamente, sin embargo, sigue muy lejos de traducirse en verdad judicial. ¿Cómo es posible? Una muestra de la disfunción la dan este martes las declaraciones del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, entrevistado en Radio Euskadi.

Iñaki Subijana formaba parte del tribunal de la Audiencia de Gipuzkoa que declaró el archivo del sumario en el año 2010. En él se establecía, ha apuntado en la entrevista, que «siguen vigentes hasta tres hipótesis para explicar la muerte de Mikel Zabalza: sumersión en el río Bidasoa, sumersión en un medio líquido distinto o asfixia violenta».

La primera puede confluir con la versión oficial del momento, que 35 años después ya nadie reivindica por increíble: ¿cómo iba a intentar huir Mikel Zabalza tirándose al río esposado, sin saber nadar y tras haberse desenvuelto a patadas de varios guardias civiles armados? Es más, ¿quién va a dar por bueno hoy que los uniformados hubieran ido de noche a registrar un zulo, sin esperar a la luz del día?

Las otras dos opciones suponen que a Mikel Zabalza lo mataron quienes lo detuvieron, pero en ese caso todavía quedaría otro parapeto: identificar a los autores materiales. Los tribunales que dieron carpetazo al caso (primero el de instrucción y luego la Audiencia Provincial) no solo pusieron en duda el motivo de la muerte, sino en consecuencia también la autoría. En palabras hoy de Subijana, «se concluyó que no ha quedado debidamente justificada la perpetración de los hechos que motivó la apertura de la causa penal».

Bien, eso ocurrió en 2010, pero el audio de Intxaurrondo se ha conocido ahora, ¿no es un nuevo elemento? Pues, aunque parezca mentira, aparentemente no en términos judiciales, y menos aún en términos prácticos.

Sobre lo primero, Subijana ha dicho que «si hay elementos nuevos, hay que trasladarlos al órgano judicial que tiene la competencia para instruir, para que valore si, efectivamente, esos nuevos datos informativos arrojan elementos de luz que antes no existían y justifican una decisión de alzamiento del sobreseimiento provisional y de continuación de la investigación». ¿A qué está apuntando con ello? Pues a que esa conversación ya fue valorada por la Audiencia Nacional primero y la Audiencia de Gipuzkoa después, inicialmente en su versión escrita de la transcripción y luego en modo audio, sin que fuera aceptada como prueba. Escuchar ese «se les ha ido la mano en el interrogatorio» ha estremecido a la opinión pública pero dejó fría a la Judicatura.

Existen más elementos entrelazados, otras capas superpuestas de opacidad. Cuando fue preguntado por ese audio en diversos procedimientos, Gómez Nieto negó ser quien hablaba. Y cuando se sopesó la opción de desclasificar el documento, desde el Gobierno que entonces lideraba José María Aznar ya se trasladó que la grabación no aparecía en los archivos del Cesid (ahora CNI). Al ser interpelado ahora al respecto por el PNV, el ministro Grande-Marlaska ha dejado caer que en caso de que se planteara una desclasificación desde los tribunales habría que mirar primero si el documento existe. Subijana también lo ha tildado hoy de «hipótesis o especulación». Todo atado y bien atado.

Llegados a este punto, emerge otra pregunta lógica: ¿No se puede apelar a instancias extraestatales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Aquí toca a escuchar con atención al presidente del TSJPV, que ha destacado en la entrevista que el archivo se decretó «tras 25 años de investigación judicial», dado que se inició en 1985 y concluyó en 2010.

La calidad de esa acción judicial obviamente fue muy deficiente, pero esta vez tuvo la apariencia formal de una investigación, al contrario que en la decena larga de casos en que Estrasburgo ha condenado al Estado español por no investigar torturas. Por tanto, este también parece un camino cerrado.

Y entonces, ¿de verdad no ha cambiado nada desde la impunidad de 1985 ni desde la de 2010? Sin duda han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, entonces no existía un informe oficial que acreditara más de 4.000 casos de tortura, es decir, que certificara una aplicación sistemática de este lacra.

De hecho, esa realidad sería aceptada por el juez Subijana unos meses después de aquel mismo año 2010, puesto que fue el presidente del tribunal que condenó a cuatro guardias civiles por el maltrato a Igor Portu y Mattin Sarasola en 2008. Subijana vería después cómo ese fallo era revocado por el Supremo español en 2011 y ratificado finalmente por Estraburgo como «trato inhumano y degradante»– en 2018.

En paralelo, no sería difícil extraer nuevas conclusiones sobre Gómez Nieto si se han seguido sus escritos en Honduras (donde no ha eludido la tortura) o se han seguido sus condecoraciones y ascensos posteriores. Y también se podía leer lo que dejó escrito Ion Arretxe, detenido junto a Zabalza, tras tres décadas sin poder verbalizarlo y poco antes de fallecer prematuramente.

Todo estos elementos nuevos en la esfera social, sin embargo, no son tales en el impenetrable planeta judicial. Un escenario tan lejano a las lógicas humanas que Subijana ha resumido hoy así la situación: «Hay un elemento de frustración, desde el punto de vista de la justicia victimal, en tanto en cuanto no se llegaron a obtener todos los elementos informativos para conocer la realidad de lo sucedido».