El pasado 2 de agosto, Victoria Mendoza publicó en NAIZ un artículo titulado “Buscando solución a un problema que se repite”, en el cual expresaba su preocupación por el aumento de demandas laborales que algunas trabajadoras del hogar han interpuesto contra personas de su entorno, «a pesar de que estas las apoyaron en momentos difíciles». Mendoza parece considerar esta situación un despropósito, concluyendo que algunas trabajadoras «se dejan (mal) aconsejar» sin ningún tipo de reflexión. Según ella, a una trabajadora «le aconsejaron en SOS Racismo que demandara para obtener más rápido su permiso de residencia».

Este relato es similar al que escuchamos con frecuencia de no pocos empleadores y empleadoras que, al ser demandados por sus trabajadoras, acuden al Servicio de Asesoría Laboral para Trabajadoras de Hogar de SOS Racismo. La idea subyacente es que, dado que las trabajadoras están en una situación precaria y necesitan un empleo, en lugar de reclamar condiciones laborales dignas, deberían agradecer a sus empleadores por darles la oportunidad de tener ingresos y un lugar donde residir. Esta perspectiva se refleja en el hecho de que Victoria Mendoza ni siquiera menciona lo que las trabajadoras reclaman, como si esto fuera irrelevante frente a los «favores» recibidos. Conocer su contenido seguramente nos ayudaría a entender mejor las razones de su decisión.

Por el contrario, para nosotras el problema surge cuando, por malentendidos, desconocimiento o simple desconsideración, la parte empleadora, amparada en la impunidad que ofrece el ámbito privado del hogar familiar, se olvida de sus obligaciones y no respeta las condiciones laborales mínimas de sus trabajadoras. Esto es lo que nos preocupa: la sistemática y generalizada violación de derechos laborales que sufren muchas trabajadoras del hogar, especialmente aquellas que trabajan en el denominado «régimen interno».

Es evidente que, en el entorno familiar, especialmente cuando se trata del cuidado de personas dependientes, a menudo se establece una relación personal que va más allá de lo meramente laboral entre la trabajadora y su empleador. Sin embargo, no deben confundirse los planos; las relaciones laborales no pueden ser sustituidas por acuerdos privados en un mundo paralelo ajeno a la ley, donde la trabajadora no tiene capacidad real de negociación y sale siempre perdiendo.

Cuando esto ocurre, es cuando empiezan los problemas. Y las demandas. La trabajadora, tenga o no permiso de trabajo, tiene reconocido el derecho a demandar a sus empleadores si considera que ha sido o está siendo tratada injustamente. Obviamente, tendrá que exponer sus razones por escrito, y los empleadores tendrán la oportunidad de defenderse si no están de acuerdo. Y, en último término, si se mantiene el desacuerdo, un juez o jueza será quien decida. Aunque puedan existir propuestas alternativas para resolver un litigio laboral, esta es la situación actual. Lo que no se puede hacer es despojar a las trabajadoras del hogar de los derechos que asisten al resto de trabajadores, presentándolas como mujeres necesitadas que, gracias a almas caritativas, son empadronadas o pueden alimentar a sus familias en su país de origen.

Cuando afirmamos que la vulneración de derechos laborales en el trabajo doméstico es generalizada, lo decimos con fundamento. El Servicio de Asesoría Laboral para Trabajadoras de Hogar de SOS Racismo de Gipuzkoa lleva funcionando desde 2016. Entre 2021 y 2023, hemos atendido a un total de 586 trabajadoras, y a unas 170 en lo que va de año. Esto nos ha permitido conocer de primera mano sus condiciones laborales.

Según los datos recopilados por nuestro servicio de asesoría en 2023, el perfil promedio de una trabajadora del hogar interna que hemos atendido es el siguiente: Mujer extranjera en situación regular, con un contrato de 40 h y una jornada real de 62.50 horas semanales (algunas superan las 80 horas). Realiza seis noches de pernocta a la semana y se levanta entre dos y tres veces por noche para atender a la persona a su cargo. Su salario medio bruto, con pagas prorrateadas, es de 1.260,00 € (cuando según el SMI en 2023, a esa jornada diurna le correspondería un salario de 2.076,28 €). Dispone de 2 horas de descanso diario y 28,50 horas de descanso continuado los fines de semana, cuando lo establecido son 36 horas. Además, un 28% de las trabajadoras internas que han pasado por nuestras oficinas atendían a dos o más personas por el mismo salario.

La mayoría de las trabajadoras internas que carecen de permiso de trabajo (27% de las atendidas) están en una situación más precaria todavía. Sus salarios son inferiores y muchas no disfrutan de vacaciones ni festivos, ya que, según sus empleadores, «como no tienen papeles, no tienen derechos». Tenemos el caso sangrante de una trabajadora en Tolosa, con más de tres años en una casa trabajando siete días a la semana, que, durante todo ese tiempo, solo salía del domicilio algunos días a la semana a pasear a la mujer que cuidaba por un salario de 1.000 € mensuales. Aguantó por una promesa de regularización que nunca se cumplió.

Independientemente de las relaciones personales, estas condiciones laborales son inaceptables desde cualquier punto de vista y dejan secuelas físicas y psíquicas muy importantes en muchas trabajadoras. La única manera de que esta situación cambie no solo pasa por reformas legislativas, es fundamental que las trabajadoras del hogar ejerzan su derecho a exigir lo que por ley les corresponde, y que los empleadores sean conscientes de la responsabilidad que asumen y respeten el marco legal existente para el sector.

Un punto aparte merece la administración, tanto central como autonómica. Las instituciones que tanto promueven el cuidado en el domicilio no pueden ser simples espectadores; deben asumir la responsabilidad que les corresponde. Deben asegurarse de que las trabajadoras realicen su labor en condiciones adecuadas y con garantías de sus derechos. Además, deben proporcionar a las familias el apoyo necesario, tanto en información como en recursos económicos, para garantizar que quienes lo necesitan reciban un cuidado digno. Hoy en día, se pone más énfasis en diseñar programas a cinco o diez años vista que en resolver los problemas concretos. La conflictividad en el sector es una señal de que las cosas no van bien.

Para concluir, recogemos el desafío que nos plantea Victoria Mendoza: ¿Cómo encontrar una solución a «este problema que se repite»? Para empezar, reconociendo que el trabajo doméstico es un trabajo regulado por una legislación que debe respetarse. Y tratando a las trabajadoras como lo que son: trabajadoras que no exigen caridad, sino un trabajo digno con el que puedan vivir dignamente. A partir de aquí, podemos abordar diversas cuestiones, todas ellas muy interesantes, pero si como sociedad no asumimos lo más elemental, pocos pasos podremos dar para resolver «el problema».